La diputada Sosa que impulsa uno de los proyectos puestos a consideración de la comisión declaró:“nuestro proyecto que ha sido elaborado con las organizaciones de familiares, y que presentamos en una gran audiencia pública el pasado 7 de mayo, busca que el Estado asuma el control y regulación de las distintas actividades relacionadas al cannabis para uso medicinal, como también se permita la investigación científica, se anulen todas las disposiciones legales que penalizan el consumo, la tenencia o la producción para fines terapéuticos, que se incorpore a la red hospitalaria médica estatal y público, y al vademécum obligatorio de obras sociales y prepagas, como también establece un plazo de siete días hábiles para la autorización de la importación”.
Y agregó: “esta masiva concurrencia demuestra la enorme necesidad para las personas que padecen epilepsia refractaria, dolor oncológico, escleorósis múltiples y demás patologías que con el uso del cannabis medicinal ven mejorar su calidad de vida, se impone el tratamiento urgentemente de una ley que respete su derecho a la salud como derecho fundamental. Ante el compromiso de los diputados del PRO de avanzar en un plenario de comisiones para este tratamiento, sostenemos nuestro proyecto que plantea la gratuidad y la incorporación al sistema de salud defendiendo su aspecto público, gratuito y universal. Hay que terminar con el lucro del dolor, con la penalización o amedrentamientos a los consumidores ya que por prejuicios, e imposiciones de la medicina tradicional o de los intereses de laboratorios se impide que se avance en la investigación científica de las propiedades de esta planta en nuestro país.”
