A esa conclusión llegó la Comisión Integral del Crédito Público, un grupo creado por ley el año pasado.
La venta de bonos para cuadrar los déficits presupuestarios, que comenzó a darse en 1979, es casi la mitad de la deuda del País y su ilegalidad tendría que determinarla en última instancia un tribunal a petición del propio gobierno de Puerto Rico, explicó el presidente de la Comisión, el sindicalista Roberto Pagán.
La Comisión descubrió que los $30 mil millones en préstamos se usaron para cuadrar déficits presupuestarios, actividad que está expresamente prohibida por la Constitución del ELA, dijo el abogado Álvin Velázquez.
La Constitución, en su artículo VI, sección 7, consigna que las asignaciones presupuestarias no excederán los ingresos totales del País.
Ese monto no debe excederse a menos que se fijen impuestos suficientes para cubrir la diferencia.
Velázquez mencionó que la práctica de tomar dinero prestado para cubrir déficit comenzó tan temprano como en 1980.
La historia no es antigua solamente.
El análisis preliminar hecho por la Comisión apunta que los bonos de obligación general tomados por la actual administración en 2014, se usaron igualmente para cuadrar presupuestos anteriores.
Parte de la deuda de la Isla también podría ser nula por el hecho de que las emisiones se hicieron pagaderas a más de 30 años, cuando eso lo prohíbe la carta magna del País.
La Corporación del Fondo de Interés Apremiante, por ejemplo, emitió en 2007 bonos que maduran nada menos que en 2056.
Esos bonos, para colmo de males, también tienen la cualidad de que su emisor –en este caso el gobierno de la Isla- no se ve obligado a pagar intereses ni principal hasta que el bono vence, aunque esos intereses sigan acumulándose día a día.
La Comisión también constató lo que se ha discutido en Puerto Rico por años: que el Gobierno ha seguido un patrón de refinanciar una y otra vez la deuda que ha estado por vencer.
También que aquí se ha sobrepasado el límite de las obligaciones que tiene que pagar el gobierno por concepto de la deuda contraída, que la Constitución sostiene que nunca deben ser más del 15% del monto total de las rentas anuales del ELA.
“En la emisión de bonos de 2014 se dijo que era para cubrir el déficit. ¿Las aseguradoras fueron negligentes y no se lo dijeron a los bonistas?”, planteó Pagán al abordar el tema de si habría obligación de pagar una deuda que es ilegal desde sus inicios.
La posibilidad de que Puerto Rico no tenga que pagar una deuda emitida ilegalmente dependería, según se explicó, de que los acreedores estuviesen conscientes de que la transacción se daba en violación de la ley.
La Comisión anunció ayer que se propone investigar si las compañías aseguradoras sabían, o debían haber sabido, que el Gobierno de Puerto Rico no cumpliría con su obligación, por ejemplo, de divulgar su información financiera.
La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico, entidad compuesta por 17 miembros, ha trabajado esencialmente con la emisión de bonos de las obligaciones generales de 2014 y con la emisión de Notas en Anticipación de Contribuciones (Trans), de 2015.
Ha visto también otros documentos del gobierno anteriores.
Para poder continuar con su trabajo, el organismo necesita una aportación del gobierno de $2 millones, que todavía no ha concretado.
En la rueda de prensa de ayer también participaron el director del Instituto de Estadísticas, Mario Marazzi, el representante popular Manuel Natal, y el economista y asesor del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Carlos Frontera.
