Durante dos años, hackers vinculados a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entraron a correos electrónicos de funcionarios nacionales y dirigentes sociales. Filtraron datos clave de gestión para venderlos a operadores políticos.
El jefe de la supuesta asociación ilícita era Juan Bautista Tata Yofre, ex titular de la SIDE menemista.
Uno de los periodistas que compraba o recibía y usaba esa información era Carlos Pagni, editorialista del diario La Nación.
Ambos están procesados en la causa de espionaje, que está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en San Isidro. “Está super probado del espionaje, por lo menos entre agosto de 2006 y junio de 2008”, le dijo el fiscal Fernando Domínguez a Infojus Noticias sobre las pruebas.
En la causa –además de Yofre y Pagni- también están procesados el entonces director de Ámbito Financiero y actual columnista del diario Perfil, Roberto García; el empresario santiagueño de medios Néstor Ick; el ex agente de la SIDE Pablo Alfredo Carpintero; el general retirado Daniel Reimundes; y los responsables de los portales de noticias Seprin y Urgente 24, Héctor Alderete y Edgard Mainhard, respectivamente.
Para el fiscal, con los elementos presentados en el expediente, la jueza no podrá rehusar avanzar con el juicio. Además, los procesamientos vinieron confirmados desde la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, pero con un cambio de carátula.
En 2012, la jueza Arroyo Salgado los procesó por el delito de "revelación de secretos", pero el tribunal provincial los consideró como encubridores. A Yofre, autor de libros como “Nadie fue” y “Fuimos todos”, lo procesaron como jefe de asociación ilícita.
La acusación dice que la asociación se “dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de orden político, social, militar y económico, que debían permanecer secretos en función de la seguridad, de la defensa y de las relaciones exteriores de la Nación”.
En cuanto al segundo grupo de imputados, conformado por los periodistas y empresarios, se los acusa de encubrimiento agravado. Para el fiscal, los compradores de datos sabían de su origen ilegal.
Las operaciones se hicieron en los últimos meses de la presidencia de Néstor Kirchner y en el primer semestre del gobierno de Cristina Fernández. Entre las víctimas estaban la propia presidenta y su marido, sus secretarios privados Fabián Gutiérrez y Jorge Isidro Baltasar Bounine,el gobernador Daniel Scioli y su hermano Nicolás. También Jorge Taiana (entonces canciller), Héctor Timerman (embajador en Estados Unidos), Alicia Castro (embajadora en Venezuela).
La investigación
La investigación se inició con reportes de la Secretaría de Inteligencia, publicó la página de Fiscales. En junio de 2008, la jueza concretó varios allanamientos simultáneos en las viviendas de las personas investigadas. Se secuestró material informático y documentación relacionada con las hipótesis que se manejaban en el proceso judicial.
“Había dos personas que eran de la PSA que trabajaban con Yofre, que eran su mano de la obra, Carpintero y Reimundes. Sacaban temas de reuniones y datos de seguridad nacional”, agregó el fiscal. Carpintero está acusado de integrar la asociación ilícita al igual que Alderete, aunque el primero tiene una imputación por 15 episodios de espionaje.
Yofre era quien decidía qué tipo de información se debía recabar y a quién se le iba a vulnerar su correo electrónico, así como cuáles convenía dejar de intervenir. El imputado era también quien distribuía posteriormente el resultado de esa actividad.
La prueba de que la asociación funcionaba por dinero está en un CD secuestrado en la casa de Alderete que contiene los servicios tarifados: 12 mil pesos mensuales por información de coyuntura política y económica; 15 mil pesos los informes clasificados (comerciales, patrimoniales, entradas y salidas del país, antecedentes, información negativa) y el control de correo electrónico 3500 pesos por cada objetivo.
Fuente: Infojus
