La presentación, que lleva la firma de la procuradora del Tesoro, Angélina Abbona, responde una por una a las acusaciones y presenta pruebas para controvertirlas. “Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, dijo. Presentó documentos de Interpol y estadísticas de comercio con Irán que –según señaló– desmienten las afirmaciones de Nisman.
“No existe prueba alguna, siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación, ni a funcionarios del gobierno nacional”, indicó.
El fiscal Nisman presentó su denuncia la semana previa a su muerte. En ella, acusó a la Presidenta, al canciller y a dirigentes políticos de haber confabulado para encubrir el atentado a la AMIA y librar de responsabilidad a los acusados iraníes.
Cuando se conoció el escrito completo de Nisman –de 289 páginas– se pudo ver que los principales elementos que presentaba eran escuchas telefónicas al dirigente islámico Jorge Khalil, que conversaba con el kirchnerista Luis D’Elía y con el líder de Quebracho, Fernando Esteche.
Ni la Presidenta, ni el canciller, ni tampoco el diputado Andrés Larroque hablaban en esas escuchas.
También identificaba a dos personas como agentes de la Secretaría de Inteligencia: Ramón “Allan” Bogado y el ex juez Héctor Yrimia. El jefe de la SI, Oscar Parrilli, informó que ninguno de los dos pertenece a la Secretaría de Inteligencia.
La procuradora del Tesoro –en rigor, la jefa de los abogados del Estado– fue la encargada de responder al escrito de Nisman ante el juez Rafecas, que todavía no resolvió si iniciará una causa a partir de la denuncia.
Estos son los principales puntos del escrito del Gobierno que contesta las acusaciones de Nisman
- El Gobierno no cambió su postura: “El Gobierno de la Nación, a lo largo de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ha mantenido una postura clara y enérgica en el ámbito internacional, en particular en sus presentaciones ante la Asamblea General de la ONU, reclamando que la República Islámica de Irán brinde su colaboración en las responsabilidades derivadas del atentado terrorista”. Como pruebas de esto presentó, entre otras cosas, el discurso de la Presidenta ante la ONU del 24 de septiembre de 2013.
- El memorándum no afectó los alertas rojos: “El Memorándum de Entendimiento fue aprobado conforme a los procedimientos de la Constitución”, previo paso por el Congreso nacional. La procuradora del Tesoro remarcó que el objetivo del memorándum fue impulsar la causa AMIA “cuyo trámite se vio gravemente instruido por la imposibilidad de someter a declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes imputados en el proceso”. Entre otras evidencias, presentó la negativa británica a extraditar a la Argentina al ex embajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour. Abbona destaca “la inexistencia de acuerdos bilaterales previos que obligaran a la República Islámica de Irán a extraditar a esas personas”. La procuradora del Tesoro remarcó que ni en el texto del Memorándum como en las acciones que siguió el Gobierno después se puede inferir otro objetivo que el de permitir que la causa avance. “En particular, ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino estuvo orientada a sustraer la causa AMIA de la esfera de decisión del juez natural”, indicó.
- La Interpol lo niega: “Ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, remarcó la procuradora del Tesoro, que presentó como anexos las comunicaciones entre el gobierno argentino e Interpol. En particular, destacó la nota del 15 de enero de este año del ex director de Interpol Ronald Noble, que desmiente a Nisman cuando afirma que el canciller Timerman buscó gestionar que se cayeran los alertas rojos. “El Ministerio de Relaciones Exteriores mantuvo una conducta coherente y clara en el sentido de que la suscripción del Memorándum no había implicado cambio alguno en la vigencia de las notificaciones rojas de Interpol”, argumentó Abbona.
- No era posible importar petróleo iraní: Luego la procuradora del Tesoro les apunta a otros de los argumentos centrales de la denuncia de Nisman: la idea de que el objetivo de lograr desviar la causa era que la Argentina pudiera adquirir petróleo de Irán. Para esto, presenta informes técnicos del comercio con Irán del Ministerio de Planificación Federal, del de Economía y de la AFIP. En todos se indica que el comercio –del que se detallan los datos entre 1999 y 2015– está en manos de privados, y no son de Estado a Estado. También indica que caen a partir de 2010. En particular, el Ministerio de Planificación desmiente la existencia de la “crisis energética” que sostenía Nisman que obligaba a la Argentina a comprarle petróleo a Irán y también advierte sobre una dificultad técnica: la cantidad de azufre presente en el petróleo iraní. “La República Argentina no podría comprar petróleo iraní por no cumplir éste con la calidad del crudo requerida por las refinerías locales. La calidad del crudo es inferior al disponible en cuencas argentinas, en donde existen saldos exportables”, indica el informe técnico.
- La SI negó que fueran espías: Además, la procuradora del Tesoro indica que “queda desvirtuada la supuesta pertenencia a los cuadros de la Secretaría de Inteligencia de Héctor Yrimia y Ramón ‘Allan’ Héctor Bogado, a quienes el doctor Nisman les atribuye el carácter de agentes de Inteligencia que habrían ‘operado’ en representación del gobierno nacional en el marco del plan delictivo denunciado”. Abbona recuerda que Bogado “había sido denunciado penalmente” por la SI “a raíz de haberse comprobado que ha usurpado la condición de agente estatal intentando realizar maniobras de tráfico de influencias”. Bogado también enfrenta otras causas por presunta estafa.
En línea con lo planteado públicamente por el jurista Julio Maier y por el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, la conclusión de la procuradora del Tesoro es que “no existe prueba alguna, siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta de la Nación, ni a funcionarios del gobierno nacional” que puedan considerarse delitos. El escrito no hace pedidos al juez, aunque de esta argumentación se desprende la idea de que la causa debería cerrarse por inexistencia del delito.
