Tres ex agentes de Inteligencia del Ejército, entre ellos Leandro Sánchez Reisse, comenzaron a ser juzgados por secuestros extorsivos cometidos en la última etapa de la dictadura cívico militar, cuando eran parte del Batallón 601 de esa fuerza.
El Tribunal Oral Federal 6 comenzó con la lectura de los dictámenes acusatorios en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, ante la presencia de los tres procesados, Leandro Sánchez Reisse, Rubén Bufano y Arturo Silzle, quienes deben responder por los delitos de "asociación ilícita agravada y secuestro extorsivo" y considerados de lesa humanidad.
Todos los hechos fueron cometidos "en los últimos años de la dictadura militar", cuando el grupo se dedicó a secuestros extorsivos bajo el amparo del aparato estatal represivo, según el dictamen acusatorio.
Así secuestraron a Alberto Martínez Blanco, su cuñado Ricardo Tomasevich y al banquero uruguayo Carlos Koldobsky.
La causa fue investigada por el juez federal Sebastián Casanello, quien los procesó como parte de una asociación ilícita.
Los tres procesados están detenidos y acusados de haber actuado "en el marco del sistema clandestino de represión instaurado por la última dictadura militar,que tenía por fin la comisión de secuestros extorsivos a financistas y empresarios, para la obtención de fondos, que en parte se destinarían para financiar las actividades desarrolladas por la represión", según la elevación a juicio.
El debate se inició con la lectura de las acusaciones de la fiscalía y seguirá el lunes próximo mientras que para el martes se prevé comiencen las declaraciones de unos 60 testigos.
Los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta deberán evaluar la acusación según la cual el grupo secuestraba para lucrar con los rescates de manera personal pero además aportaba fondos a la "estructura" de la represión ilegal.
Según se reconstruyó en la causa Tomasevich y su cuñado ya fallecido Martínez Blanco fueron secuestrados el 19 de septiembre de 1980 por los acusados, quienes fraguaron un operativo policial.
Tras ser torturados, Martínez Blanco quedó en libertad pero pagó 600.000 dólares para rescatar a la otra víctima.
"No hay dudas de la presencia del elemento contextual que permite la categorización de un comportamiento como delito de lesa humanidad, en tanto los hechos acreditados en la presente, tuvieron lugar durante dicho ataque sistemático, instaurado desde el propio aparato de poder dirigido por la dictadura militar", se consideró en la elevación a juicio.
