El fiscal Germán Moldes fue uno de los principales organizadores de la movilización del 18F con políticos y fiscales opositores. Llamativamente, está acusado de ser cómplice del encubrimiento del atentado a la AMIA.
Hoy es fuertemente cuestionado por fiscales y políticos que consideran que debería apartarse de la causa a su cargo luego de la apelación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita sobre el fallo del juez Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los fundamentos no sólo tienen que ver con la definida postura de Moldes en la actualidad, sino a su amistad con gran cantidad de funcionarios investigados y acusados de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA, como son el ex presidente Carlos Menem y el ex titular de la Secretaría de Inteligencia, Hugo Anzorreguy. Prueba de su incidencia política durante el menemismo es también la ayuda que le brindó –cuando trabajaba en el Ministerio del Interior- al traficante sirio Monzer Al Kassar para que consiga su pasaporte.
En relación a la causa, Moldes fue denunciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por no apelar ni dejar apelar al fiscal Alberto Nisman en los sobreseimientos dictados en la causa por el encubrimiento del atentado a funcionarios menemistas, policías y autoridades judiciales que responden al ex juez Juan José Galeano y tienen desde entonces una relación muy cercana con Montes.
El propio Nisman reconoció que Moldes no le permitió apelar al sobreseimiento de los imputados, evidenciando así el interés del fiscal por perpetuar la impunidad de los acusados. Asimismo, Moldes no concurrió a ninguna de las audiencias convocadas por la Cámara para tratar los recursos presentados por la querella.
Su posicionamiento es tan claro que hasta realizó una denuncia penal inédita contra la Procuradora del Tesoro Nacional, Angelina Abona, por su presentación en la causa que ahora le toca investigar. Curiosamente, en la denuncia descalifica la presentación técnica de la funcionaria sin analizar el escrito ni las pruebas, alejándose de la objetividad necesaria con la que debe actuar todo magistrado.
