El primer ministro británico, David Cameron, anunció este jueves una nueva iniciativa destinada a criminalizar a los inmigrantes indocumentados. Dicha iniciativa nace con la impronta de la polémica porque incluirá la confiscación de los sueldos de los indocumentados y la inspección de cuentas bancarias de personas sospechosas de estar en situación irregular en el Reino Unido.
El líder conservador, que fue reelegido hace un par de semanas en las elecciones del pasado 7 de mayo, dio a conocer su plan, que adoptará forma de ley, en un discurso pronunciado en la sede del Ministerio de Interior, después de que las últimas cifras oficiales divulgadas hoy indicasen que el número de inmigrantes en el país aumentó un 21,8% en 2014 frente al año anterior.
El proyecto de ley tendrá como objetivo procesar a quienes trabajen de forma ilegal y también a quienes empleen a trabajadores indocumentados, y obligará a los bancos a verificar las cuentas de personas que estén en situación ilegal.
Cameron prometió que sus medidas estarán contenidas en el programa de su Gobierno para el próximo curso legislativo y que será leído por la reina Isabel II el día 27 en la Cámara de los Lores, en la apertura formal del Parlamento británico.
“Una inmigración no controlada puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos. Y significa que hay mucha gente que entra legalmente en el Reino Unido pero se queda de forma ilegal. El pueblo británico quiere que estas cosas sean resueltas”, dijo Cameron, que añadió que la falta de control de la inmigración crea problemas para los servicios públicos, en especial la sanidad púbica y las escuelas.
El primer ministro británico también añadió que restringir el acceso de inmigrantes de la Unión Europea al sistema de bienestar británico será un “requisito absoluto” en la renegociación de las relaciones con el bloque.
“Yo y muchos otros creemos que es adecuado reducir los incentivos para las personas que quieren venir aquí… Los cambios en el [estado de] bienestar para reducir la inmigración desde la UE serán un requisito absoluto en mi renegociación”, concluyó.
Hasta ahora se imponen multas
Hasta ahora, las empresas podían ser multadas con 20.000 libras (26.000 euros) si contrataban a personas en situación ilegal, pero la nueva legislación irá más allá al considerarlo un delito.
También se podrá procesar a los no comunitarios que entren de manera legal, como turistas o estudiantes, pero que se quedan para trabajar una vez que su visado haya caducado.
Además, la Policía tendrá el poder de confiscar los salarios obtenidos de manera ilegal y se obligará a las agencias de empleo a buscar primero trabajadores con residencia legal en el Reino Unido antes de contratar en el extranjero.
Entre otras cosas, se tomarán medidas contra las personas que alquilen pisos a inmigrantes sin papeles en condiciones infrahumanas.
