Durante una reunión de la Comisión de Desarrollo Económico celebrada hoy, Juan José Gómez Centurión, titular de la AGC, buscó quitar la responsabilidad por el siniestro a la gestión actual del Gobierno porteño y comenzó su ponencia afirmando que la "habilitación del depósito de la calle Azara se realizó en 2007, antes de las elecciones y en tiempo récord".
El segundo argumento de su exposión consistió en remarcar que "el peritaje de la Policía Federal Argentina concluyó en que el incendio fue intencional y no por fallas de control".
Antes de su exposición, seis legisladores de diferentes bancadas habían increpado al funcionario buscando repuestas por el extravío del expediente de habilitación que fue informado por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se lo requirió la Justicia.
"Las respuestas fueron evasivas, autoreferenciales, evocando en qué momento pasó para desvincularse en lo personal pero sin aceptar las responsabilidades del Estado", sostuvo tras la reunión Gabriel Fucks, legislador del Frente para la Victoria e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.
"Le pregunté tres veces, y otras tantas otros diputados, acerca de qué hizo la Agencia en relación a los informes de Defensa Civil en los que no aprobaba el plan de evacuación del depósito y no respondió nada, tampoco explicó cómo se reconstruyó el expediente, sólo dijo que dio la orden", añadió.
A partir de esta reunión, el diputado afirmó que "si antes pensábamos que evadían las respuestas, habrá que pensar si hay encubrimiento".
Por su parte, el diputado Marcelo Ramal (FIT) sostuvo tras la reunión que "lo que intenta hacer el Gobierno de la Ciudad es cortar esta tragedia en fetas. Lo que vimos hoy es a un funcionario que no se hace cargo de las otras áreas, y mañana sucederá lo mismo con otro de otra agencia que venga a responder".
"Centurión no dijo nada concreto de por qué en seis oportunidades Defensa Civil desaprobó el plan de evacuación y, sin embargo, el depósito continuó habilitado, y en nombre de la intencionalidad del incendio buscó eximir al Estado de toda responsabilidad", expresó.
Durante su relato, Gómez Centurión sí respondió la pregunta del legislador de Seamos Libres, Pablo Ferreyra, que consultó "por qué la AGC era tan 'efectiva' con los centros culturales, ya que se clausuraron más de 50, y tan poco eficiente con este tipo de empresas".
"Para el Gobierno de la Ciudad, con la historia de muertos jóvenes los lugares de funcionamiento nocturno, donde se vende alcohol y eventualmente puede haber menores son altamente críticos", respondió el funcionario.
También respondió que la AGC "desconoce el pedido de clausura de 2008 (realizado por el inspector del área de Seguridad e Higiene del Trabajo, Edgardo Castro) ya que la Fiscalía informó que no había ningún registro de esta solicitud".
Para otras preguntas, el funcionario solicitó que se las enviaran por escrito ya que "son temas puntuales y no tengo estos detalles en la memoria".
En la mañana del 4 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depósito ubicado en la calle Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, de la empresa Iron Mountain que se dedica al resguardo de documentación.
Mientras trabajaban para sofocar el fuego, una pared se desplomó sobre nueve bomberos y un rescatista y les ocasionó la muerte.
La Legislatura porteña envió cuatro pedidos de informes, tras recibir las respuestas y no quedar conforme con lo que se explicaba oficialmente, el encuentro de hoy fue el primero en el que se hizo presente un funcionario de la Ciudad para dar explicaciones.
