El organismo gubernamental egipcio reveló en su informe que entre los fallecidos hay 1.800 civiles, de ellos 1.250 miembros y seguidores de la Hermandad Musulmana, la organización islamista conservadora que sigue apoyando a Mursi y pidiendo su restitución en el poder.
Además, el saldo de víctimas fatales incluye a 700 oficiales y agentes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, según citó la agencia de noticias EFE.
El informe, que no da ningún detalle sobre los cien muertos restantes, sí especificó que de los 1.250 víctimas islamistas, 750 murieron durante los masivos desalojos policiales del 14 de agosto de 2013 que pusieron fin a los campamentos populares de los opositores que pedían en las calles la restitución del presidente democráticamente electo.
En 2012 y con el apoyo principal de la Hermandad Musulmana, una organización que había estado durante décadas sumida en la clandestinidad, Mursi ganó las primeras elecciones democráticas de Egipto, apenas un año después del derrocamiento de Hosni Mubarak.
Un año después de la asunción de Mursi, el Ejército, que había sido leal a Mubarak, derrocó al presidente islamista, apoyado por manifestaciones multitudinarias que pedían detener la islamización del Estado.
Con el respaldo de millones de ciudadanos, el gobierno de facto inmediatamente impuso un nuevo régimen autoritario, en el que toda la oposición fue reprimida y perseguida judicialmente.
Durante los primeros meses del gobierno de facto mató a más de mil opositores islamistas y encerró a otro tanto. Más tarde completó la supresión de las voces disidentes en la calle imponiendo una ley que prohíbe cualquier manifestación y protesta que no haya sido previamente aprobada por el gobierno.
Esta ley golpeó el poco poder de movilización que le quedaba a la
Hermandad Musulmana y también a los movimientos de izquierda y laicos que en principio apoyaron el golpe de 2013, pero que finalmente comenzaron a denunciar a las nuevas autoridades civiles y militares.
En medio de este clima, Abdel Fatah al Sisi, el jefe del Ejército que encabezó el golpe de Estado contra Mursi, fue electo presidente en unos comicios marcados por la escasez de candidatos y una gran apatía.
Legitimado en las urnas, Al Sisi calificó a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista y como la mayor amenaza para la seguridad del país.
El informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos hizo una mención tangencial a la masiva persecución judicial que sufrieron y sufren miles de opositores, islamistas y laicos, al pedir a las autoridades del país que modifiquen el Código Penal para reducir el número de delitos que son pasibles de ser penados con la muerte.
Cientos de personas, la mayoría de ellas opositores islamistas acusados de "terroristas", ya fueron condenas a pena de muerte en el último año en Egipto en masivos juicios, cuestionados por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales.
El propio Mursi fue condenado a muerte de forma provisional a mediados de este mes por el caso de la fuga de una cárcel durante el levantamiento popular de 2011, que derrocó al entonces mandatario Mubarak.
La pena debe ser confirmada el próximo martes, sin embargo, organizaciones civiles y de derechos humanos locales e internacionales han denunciado como parcial e injusto al proceso judicial contra el presidente derrocado.
Otra prueba que presenta el informe sobre la actual política sistemática de persecución política que impulsa el gobierno del ex general golpista devenido en presidente civil es que las cárceles del país superan en un 160% su capacidad y las comisarías en un 300%.
