Durante la última dictadura cívico militar, la Unidad Penitenciaria N°1 (UP1) de Córdoba, también conocida como cárcel de San Martin, funcionó como un engranaje más de la maquinaría represiva. El edificio centenario –que albergó a unos 700 detenidos hasta marzo pasado– estaba a punto de ser demolido para dar paso a “un proyecto urbanístico” del Gobierno de la provincia de Córdoba.
Pero una medida de “no innovar” dictada hoy por el juez federal Nº3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, impide que se avance con el derrumbe. “El edificio penitenciario sigue siendo un objeto de prueba. Todavía hay investigaciones judiciales en curso sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese lugar”, dijo el magistrado a Infojus Noticias.
Entre abril y octubre de 1976 asesinaron a 29 presos políticos del penal, dos de ellos en el interior del edificio. Los demás, acribillados en ocho fusilamientos colectivos presentados como “intentos de fuga” o “enfrentamientos”. Entre ellos, se encontraba Miguel Hugo Vaca Narvaja padre. Por esas muertes, en diciembre de 2010 fue condenado Jorge Rafael Videla junto a una veintena de militares y policías. Esa sentencia aún no está firme.
Además de esos casos, en las audiencias de la megacausa La Perla-Campo de la Ribera se siguen escuchando denuncias de delitos cometidos en la vieja UP1 de barrio San Martín. “En mi juzgado y en la Fiscalía Federal N°3 hay causas en instrucción.
Por ejemplo, la ‘causa Gómez’, sobre delitos sexuales cometidos en la cárcel y los centros clandestinos”, aclaró el magistrado. A su entender, la medida se puede extender durante “unos tres años”. “Mientras estén activas las causas y haga falta tramitar la prueba, esto se va a tener que mantener”, agregó, aunque dijo que “no es necesario preservar todo, se puede llegar a un acuerdo”.
Consultada por Infojus Noticias, la fiscal Federal N°3, Graciela López de Filoñuk, dijo que “además de las 1125 víctimas por las que ya promoví acción penal, hay otras 700 denuncias, muchas de las cuales son de personas que pasaron por el viejo penal”.
Un parque y dos museos
El ministro de Comunicación de la provincia, Jorge Lawson, anunció que el Ejecutivo apelará la medida e insistió en el plan de construir un parque y dos museos, que respeten "la memoria".
La presentación para que no se avance con la demolición fue presentada el lunes por Luis Miguel “Vitín” Baronetto, ex preso de la UP1, querellante en la causa y ex secretario de Derechos Humanos de la municipalidad de Córdoba hasta 2011.
“El jueves pasado, vecinos del barrio me hicieron llegar la preocupación de que se estaba desmantelando los techos de los talleres dónde los detenidos hacían sus trabajos”, contó Baronetto a Infojus Noticias.
Esa misma noche llegó hasta el lugar. Comprobó, mirando desde la calle, que faltaban las chapas de los techos. “Ayer a primera hora hicimos la presentación, y con total celeridad, el juez respondió 24 horas después. Demostró que no es parte de la justicia adormecida que especula sobre cómo va a caer una medida”, comentó.
Baronetto, junto a su esposa Marta Juana González, fue secuestrado el 15 de agosto de 1975. Después de sufrir torturas en dependencias de la D2, ambos fueron alojados en la UP1.
Allí nació su hijo Lucas Ariel, el 16 de julio de 1976. En octubre de ese año, Marta fue fusilada junto a otros presos. “Hay testimonios de presos sociales y ex presos políticos que dan cuenta de que en los calabozos subterráneos de la cárcel se realizaron partos clandestinos”, dijo. Esos lugares aún no fueron inspeccionados por los jueces.
*Por: Waldo Cebrero, Infojus Noticias
