Los uniformados sentados al banquillo desde hace dos meses son los coroneles Édgar Ávila, quien era el comandante del Batallón “Pedro Nel Ospina”; José Zanguña Duarte, segundo comandante del batallón; Diego Padilla, jefe de operaciones; Raúl huertas y Carlos Cadena, también de operaciones.
Los cinco se encuentran implicados en una cadena completa de 72 homicidios en un periodo de tan solo un año –2006 a 2007–, época en la que el comandante del Ejército era el general Mario Montoya. Todos fueron detenidos entre marzo y abril de este año cuando comenzaron las audiencias contra ellos.
El modus operandi de los miembros de ese batallón era similar. Conseguían personas indefensas, las secuestraban, las llevaban a zonas despobladas, las asesinaban, les plantaban armas al lado de los cuerpos y las reportaban como bajas en combate. Los autores materiales ya confesaron muchos de esos hechos y a su vez explicaron cómo toda la cúpula del batallón conocía de los hechos.
La investigación impulsada por el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Misael Rodríguez, fue adelantada durante varios años de forma minuciosa por el fiscal 57 de Medellín, Luis Fernando Zapata. Él logró encadenar y demostrar, con testimonios y pruebas contundentes.
Unos cuatro mil 300 civiles fueron asesinados por militares colombianos, cuyos cuerpos presentaban como insurgentes muertos en combate a cambio de ascensos y condecoraciones, según una organización defensora de los derechos humanos.
El escándalo es conocido en Colombia como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales.
La Fiscalía General indicó que de la cantidad de personas investigadas, unas mil 573 corresponden a miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Otros son sub-oficiales y soldados.
También hay 89 integrantes de la Armada, entre ellos un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, varios sub-oficiales e infantes de marina. Además, también hay 56 casos de la policía nacional.
El conflicto armado entre las fuerzas militares, paramilitares de derecha, bandas narcotraficantes y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) lleva más de 50 años y ha dejado casi cinco millones de desplazados y más 600 mil muertos.
En el 2012, el Gobierno y las FARC-EP instalaron una mesa de diálogo para poner fin al conflicto.
