La Sala I de ese tribunal de alzada adoptó esa decisión por mayoría al rechazar un pedido de sobreseimiento de la defensa del alcalde porteño, que adujo que la pesquisa estaba concluida y que de ella no surgía responsabilidad de Macri.
En su voto, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiller consideraron que ese argumento “no puede ser admitido” hasta tanto no se concreten las medidas de prueba pedidas por el juez Norberto Oyarbide y demoradas por la justicia de los Estados Unidos.
“La duración del proceso hasta el momento no resulta, en modo alguno, irrazonable”, dijeron los jueces al destacar la “multiplicidad de hechos” y “considerable complejidad” de la causa en la que investigó la existencia de una asociación ilícita para la intervención ilegal de teléfonos.
En su voto en disidencia, el camarista Eduardo Farah consideró que “las pruebas actualmente reunidas apuntan decididamente en otras direcciones, ajenas a la intervención -sea por instigación, aquiescencia, consentimiento o tolerancia- de Mauricio Macri”.
El jefe de gobierno porteño fue procesado en mayo de 2010 y la medida confirmada por unanimidad por la Cámara federal porteña en junio de ese año, en el marco de la causa a raíz de la denuncia por escuchas a su teléfono hecha seis meses antes por Sergio Burstein.
El dirigente de un sector de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA culpó además a Macri por el nombramiento del comisario federal Jorge “Fino” Palacio como primer jefe de la Policía Metropolitana cuando estaba acusado de ocultar pruebas en la investigación del ataque terrorista, quien también está procesado en la causa de las escuchas.
En la investigación se probó que las escuchas ilegales habían alcanzado también a un cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, caso ante el cual asumió la responsabilidad el empresario Franco Macri, padre del jefe de Gobierno, quien aseguró que las había contratado a una empresa estadounidense por razones de seguridad familiar.
Por esta red aguardan su juzgamiento desde marzo del 2014, el ex espía y ex empleado del ministerio de Educación de la Ciudad, Gerardo Ciro James; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el comisario Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro.
También fue enviado a juicio oral el ex juez misioneros Jose Luis Rey, quien junto a su colega fallecido, Horacio Gallardo, ordenaban a la Side escuchas judiciales en base a denuncias truchas pedidas por los policías Diego Guarda, Raúl Rojas, Rubén Quintana, David Amaral y Antonio Fernández.
La situación de Macri quedó demorada hasta tanto se reciba respuesta al exhorto enviado a la justicia de los Estados Unidos.
El ex juez federal y ministro de Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, declaró que Macri no tenía ninguna injerencia en el diseño e implementación de políticas de seguridad, criterio que fue aceptado por Farah en su voto.
En cambio Ballestero y Freiller consideraron que la declaración voluntaria hecha en Brasil por el directivo de una empresa de seguridad que dijo haber “pinchado” el teléfono del cuñado de Macri no agota el trámite requerido por la justicia.
“Debe insistirse especialmente en el pedido de colaboración internacional dirigido a conocer la actividad de la empresa Ackerman Group” y la tareas que habría realizado uno de sus agentes, Richard Ford, por pedido de Macri padre, pendientes del exhorto cursado a la justicia norteamericana.
