Miriam Lewin entrevistó Ignacio Silva, Presidente del Concejo Deliberante de Monte Maíz, quien dio detalles sobre la decisión que fue tomada por la mayoría e incluyó a los consejales de los bloques opositores.
Desde 2007 un grupo de vecinos viene trabajando sobre esta realidad luego de un relevamiento sanitario que arrojó cifras “dolorosas y preocupantes”.
“Pusimos la salud por sobre todas las cosas”, dijo Silva en la entrevista realizada en el programa Mañana es hoy, que conduce Roberto Caballero.
Según relató, “esto le pasa al 100% del interior profundo y de la patria humedad”.
El Concejo Deliberante de la localidad cordobesa de Monte Maíz, en donde se cuestionó el uso de agrotóxicos por ser los causantes del triple de casos de cáncer y de abortos espontáneos que la media nacional, aprobó una ordenanza que prohibe la circulación de “mosquitos” (aviones) de fumigación y la existencia de depósitos con esos productos dentro del ejido urbano.
El presidente del cuerpo, Ignacio Silva, dijo que se terminó de aprobar ala ordenanza y ahora “esperemos que la promulguen”, pero “creo que no vamos a tener inconvenientes porque el intendente Luis María Trotte siempre apoyó todo esto”.
“Anoche se trató específicamente el traslado de los depósitos de agroquímicos y para que se les de poder de policía a los organismos de aplicación para actuar contra los clandestinos con el fin de que actúen de oficio”. dijo Silva.
Precisó que hay tres depósitos oficiales habilitados en el pueblo los cuales deberán ubicarse fuera del tejido urbano.
Esta reubicación va sujeta a un plan de reordenamiento urbano “que vamos a empezar a tratar desde la semana que viene, así que a partir de ese proyecto ordenaremos la reubicación”, comentó el concejal.
La ordenanza que prohibe a los agroquímicos había sido aprobada casi en su totalidad y restaban pocos artículos referidos a las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con las nuevas reglas.
Esos artículos tenían la aprobación de todos los concejales, menos de la Susana Turletti (Frente Cívico), quien se abstuvo de votar nuevamente.
Gladys Rodríguez, de la Red de Prevención Monte Maíz (impulsora del proyecto), comentó que “se terminó de aprobar la ordenaza, por lo que estamos todos muy felices y a pesar de que somos pocos los que estamos luchando con esto desde hace 10 años, contamos con el apoyo de todos los habitantes del pueblo”.
Y agregó: “Las sanciones son verdaderamente considerables, por eso van a tener que cumplir la ley”.
En el 2005 el entonces director del hospital local, Hugo Betiol, denunció la emergencia de un elevado número de enfermos de cáncer, lupus y niños con malformaciones, situación que originó una organización de vecinos denominada Red de Prevención Ambiental y por la Salud de Monte Maíz.
Dos años después, la Red junto a maestras del pueblo llevaron adelante un censo de salud en todas las viviendas, pero sus resultados nunca fueron entregados a la población.
En el 2014, apoyados por el intendente Trotte, los vecinos convocaron a la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, tras lo cual un equipo interdisciplinario de la Universidad de Córdoba y de La Plata realizó un campamento sanitario que durante cinco días relevó, entre otras cosas, la historia clínica de al menos 594 personas, además de tomar muestras de suelo y agua.
Entre los datos más significativos, el relevamiento arrojó que mientras la expectativa de nuevos casos de cáncer para un pueblo como ese era de 11 por año, en Monte Maíz había entre enero y octubre de 2014 un total de 35 casos.
A su vez, tenía una media de abortos espontáneos de 9,98 por cada 100 (cuando la media nacional es de tres por ciento) y el 50 por ciento de los niños de entre 6 y 7 años tenían problemas respiratorios (cuando la media a esa edad es del 10 por ciento).
