Movimientos indígenas panameños que luchan por la cancelación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, se sienten traicionados por los acuerdos entre el Gobierno panameño y la dirigencia de la Comarca Ngäbe-Buglé.
El pasado 10 de agosto, la cacica general, Silvia Carrera, volvió a la mesa de diálogo del conflicto y junto al presidente Juan Carlos Varela, y sin participación de la empresa Generadora del Istmo S.A. (Genisa) anunció que se terminará de construir la obra. Ahora una comisión técnica determinará las alternativas para ponerle fin al dilema.
Bajo ese panorama, los movimientos “10 de abril” y “22 de septiembre” se preparan para una movilización masiva nacional el próximo 17 de agosto, para la que apelan a las organizaciones y otros pueblos originarios que anteriormente les han brindado su apoyo. El objetivo será demandar la demolición inmediata del proyecto, y de lo contrario aseguran que la lucha continuará en las calles.
La reciente adición a la mesa de diálogo de la cacica suplente, Clementina Pérez, y la iglesia indígena Mama Tata, se une a las inconformidades de los grupos que se niegan a ceder ante los ofrecimientos del Gobierno sobre inversión pública y progreso para la comarca.
Hace sólo una semana, habían dado un ultimátum al presidente panameño para que cerrase definitivamente la construcción de la hidroeléctrica que represará al río Tabasará.
La comisión técnica deberá delinear opciones sobre qué hacer con el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco una vez sea culminado y tal como pactaron diferentes facciones de la dirigencia Ngäbe-Buglé con el Gobierno panameño. La decisión final la tomarán las comunidades afectadas mediante consulta pública.
*Por Sara Morales Gallego, HispanTV
