El juicio comenzó el jueves. Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las hermanas de 15 y 16 años habían viajado desde Florencio Varela a Pinamar durante la temporada de verano de 2013 con la promesa de un trabajo en un lavadero de autos y cuidando niños.
Cuando llegaron a la ciudad balnearia, supieron que las habían engañado y que iban a ser explotadas sexualmente. Lograron escapar y el caso llegó a juicio esta semana.
El debate oral comenzó el jueves en los tribunales federales de Mar del Plata. Los imputados por trata de personas son padre e hijo: Alejandro Daniel Aguirre y Gonzalo Matías Aguirre. Y, además, una mujer, Valeria Ester Giménez.
En la primera audiencia declararon las víctimas bajo el sistema de Cámara Gesell y también testimonió Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, hablaron ante los jueces otros profesionales que asistieron a las víctimas en los momentos iniciales del proceso. Y los imputados tuvieron su oportunidad para exponer.
El Tribunal está integrado por los magistrados Mario Portela, Roberto Falcone y Néstor Parra.
Durante el juicio, en representación del Ministerio Público, actuarán el fiscal federal de Distrito, Daniel Adler, y el fiscal federal de Dolores, Orlando Giménez, que estuvo a cargo de la instrucción.
La investigación comenzó en 2013 cuando las dos adolescentes escaparon del lugar de explotación y radicaron la denuncia en la Delegación de la policía de Pinamar.
Según el expediente, los dos hombres eran los responsables del negocio, mientras que la mujer sería la captadora.
El caso se elevó a juicio en perjuicio de ellas dos y una tercera víctima mayor de edad, sobre la que no se llegó a concretar la explotación, pero al haber existido captación, traslado y acogimiento con fin de explotación, el delito de trata quedaría configurado.
Las tres víctimas, que residen actualmente en la provincia de Buenos Aires, fueron localizadas y asistidas por profesionales del Programa Nacional de Rescate previo al debate oral. Viajaron hasta Mar del Plata acompañadas por un equipo técnico interdisciplinario y fueron custodiadas por el personal policial del Programa Nacional.
Las tres declararon a través del sistema de Cámara Gesell. Una psicóloga especializada del Programa tomó las entrevistas. Dos de las mujeres relataron detalladamente todo el proceso de captación, traslado y explotación.
Una de ellas exhibió ante el Tribunal los pasajes que le había comprado Aguirre, para que se traslade a Pinamar. Cuando llegó el momento de la declaración de la víctima que todavía es menor edad, no pudo hablar.
Según las profesionales que la asistieron, la adolescente presentó indicadores propios del transtorno de estrés postraumático. Su memoria se bloqueó. La psicóloga detuvo la declaración y el fiscal solicitó que su testimonio sea incorporado por lectura, lo que fue autorizado por el Tribunal.
Gatti expuso sobre el perfil de las víctimas y la situación de vulnerabilidad que sufren. Habló de “un conjunto de factores” que, luego, enumeró: minoría de edad, la falta de acceso a la educación, a la salud, a un empleo formal.
“Este perfil de víctimas es el ´escenario ideal´ para quienes se dedican a la explotación de personas”, dijo la especialista. En este caso en particular, se trató de dos adolescentes huérfanas que convivían con sus abuelos, con necesidades básicas insatisfechas.
La titular del Programa Nacional de Rescate también explicó ante los jueces los mecanismos de represión y negación de las víctimas, a fin de evitar un nuevo brote de angustia. Y nombró las consecuencias de la explotación sexual: naturalización de la situación, la culpa, el no reconocimiento de sí mismas como víctimas, el temor permanente, entre otras.
