"Las demoras que se verifican en la causa, que ya lleva más de cinco años en los Tribunales, deben obedecer a especulaciones electorales que tienen algunos sectores del Poder judicial. Es la única forma de explicar las dilaciones que existen en el expediente", apuntó Fresneda en diálogo con Télam.
Asimismo, el funcionario aseguró que desde su condición de querellante, la Secretaría hizo "todo lo que está a su alcance para que la causa avance", y lamentó que "esos esfuerzos hayan resultado infructuosos".
"Desde nuestra condición de querellantes hicimos todo lo que está a nuestro alcance. Nos presentamos en todas las instancias y aportamos todos los elementos de prueba necesarios, pero no obtuvimos resultados. Seguiremos insistiendo hasta lograr que a los imputados se los cite a prestar declaración indagatoria", remarcó.
En la causa de lesa humanidad Papel Prensa, en manos del juez Julián Ercolini, se investiga la apropiación de esa empresa, propiedad de la familia Graiver, por parte de directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en complicidad con funcionarios de la última dictadura cívico militar.
Actualmente, están imputados Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio del grupo Clarín; Bartolomé Mitre, principal autoridad del diario La Nación; Marcos Peralta Ramos, del diario La Razón; Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Industria de la última dictadura, y el empresario Guillermo Juan Gainza Paz.
En tanto que cinco de los imputados (el dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez, el genocida Eduardo Emilio Massera y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos) fallecieron sin haber prestado declaración.
Tras la presentación, el 24 de agosto de 2010, del informe "Papel Prensa, la Verdad", elaborado por la Secretaría de Comercio que encabezaba Guillermo Moreno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio instrucciones a la Secretaría de Derechos Humanos para que se presente como querellante.
El organismo que entonces conducía el hoy fallecido Eduardo Luis Duhalde aportó la información sobre el caso que tenía en su poder ante el juzgado de Daniel Rafecas, que se declaró incompetente y giró las actuaciones a los Tribunales de La Plata.
El magistrado entendió que esa era la jurisdicción en la que debía tratarse esta causa, ya que los integrantes del grupo Graiver fueron secuestrados por orden de Ramón Camps, quien era jefe de la Policía bonaerense durante la última dictadura.
A mediados de 2011, el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza rechazó la causa en base a un pedido formulado por los fiscales Rodolfo Molinas y Hernán Schapiro, quienes dictaminaron que la causa podría ser considerada como un delito de lesa humanidad, pero cometido en Capital Federal.
Rafecas recibió otra vez la causa y ratificó su postura, pero calificó como "verosímil" la prueba reunida contra los imputados en el marco de este proceso.
En diciembre de 2011, y luego de un fallo de la Sala I de la Cámara Federal, el juez Julián Ercolini recibió por sorteo el expediente.
Un año y medio después, Ercolini aceptó a Lidia Papaleo, viuda de David Graiver --principal accionista de Papel Prensa--, como querellante en la causa.
Por esos días, el fiscal Carlos Stornelli pidió apartarse de la causa por tener "una relación de más de 30 años" con Llamil Reston, ex ministro de Interior de la dictadura, quien es familiar de la mujer del funcionario judicial, pero no se encuentra imputado en la causa.
Tras meses sin que se produzcan medidas significativas en el proceso, en marzo de este año, el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella consideró que había elementos para llamar a indagatoria a Magnetto, Herrera de Noble y Mitre, entre otros.
Sin embargo, Ercolini, en menos de 24 horas, rechazó el pedido y alegó que antes de citar a indagatorias de los imputados alegó que faltaba "una pericia contable" sobre el valor que en 1977 tenías las acciones de Papel Prensa.
El fiscal apeló y la Sala I, en un fallo divido, convalidó el criterio del juez, y la secretaría de Derechos Humanos apeló esta decisión ante la Cámara de Casación.
"En esta causa se analizan delitos de lesa humanidad. Hubo secuestros, asesinatos y torturas y todo está parado por una pericia contable. Creemos que las indagatorias no se pueden demorar más", subrayó a Télam el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén.
