El próximo jueves (13), el Supremo Tribunal Federal (STF) debe juzgar una demanda para impugnar la constitucionalidad de la prohibición. La demanda fue presentada por la Defensoría Pública del Estado de São Paulo, que alegó que la tenencia de drogas no puede ser considerada un delito porque no perjudicaría a terceros.
Según expertos en seguridad pública, derechos humanos y drogas, el STF tiene la oportunidad de dar un paso importante para posibilitar a los drogadictos el acceso a la atención médica, además de poner fin a la estigmatización del usuario como un criminal.
La coordinadora del Grupo de Investigaciones en Políticas sobre Drogas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Luciana Boiteux, recuerda que la ley de drogas mantuvo la tenencia como un delito pero no estableció la pena de prisión, lo que ella considera un avance. “Consideramos que la prohibición es inconstitucional según los principios de la libertad, de la privacidad”, explicó.
Pedro Abramovay, director para América Latina de la Fundación Open Society, una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y la gobernanza democrática, dice que no hubo aumento del consumo en ningún país donde la posesión de drogas fue flexibilizada.
“En todos los países que han despenalizado el consumo, que consideraron que la tenencia para consumo personal ya no es crimen, el consumo no creció. Así que este miedo que tiene la gente, de haber un aumento, es infundado según datos de la realidad”, señala.
Él cree que la medida puede hacer que dependientes tengan fácil acceso a servicios de salud. “Hoy en día, un médico que trata a una persona que usa crack, trata con un criminal, lo que involucra a la policía y hace que el abordaje sea cada vez más difícil”, dijo Abramovay, ex secretario nacional de Justicia.
El traficante y el usuario
Con la decisión del STF, puede no más ser una tarea de la policía o del poder Judicial la diferenciación entre quien es traficante y quien es usuario, que ha generado críticas por la discriminación y la violación de derechos humanos en las cárceles.
La actual ley de 2006 no define, como en otros países, las cantidades específicas de tenencia en cada caso, y atribuye al juez la decisión, que debe basarse en flagrantes y en “circunstancias sociales y personales”. “En otras palabras: el pobre es siempre traficante, y el rico es siempre usuario”, critica Abramovay.
Según Abramovay, el STF debe recomendar, en la sentencia, que se establezcan criterios para la caracterización de los usuarios. “El Supremo puede decir que, para garantizar que se respete la Constitución, sin discriminación, se necesitan criterios. Este no es un tema menor. La falta de definición lleva a la encarcelación. Estamos hablando de uno de cada tres arrestados en el país”, dijo.
En un evento en Río de Janeiro la semana pasada, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, reconoció que las “lagunas legales” para diferenciar traficantes y usuarios alimentan el ciclo de violencia y hacinan las prisiones. De acuerdo con Cardozo, el tráfico es el segundo tipo de delito que más pone a personas tras las rejas, superado solo por los delitos contra el patrimonio. En el caso de las mujeres, el tráfico aparece primero en la lista.
“Muchos usuarios, que deberían recibir atención de salud, entran en las cárceles en contacto con organizaciones criminales. Es decir, entran como usuarios y salen como miembros del tráfico", lamentó el ministro.
*Por Isabela Vieira y Vitor Abdala, Agencia Brasil
