La denuncia estuvo a cargo del legislador Gustavo Vera, quien encabezó una conferencia de prensa en el Parlamento local junto con delegados de gremios docentes y costureros que relataron la experiencia que viven los niños en los talleres textiles, donde habitan junto con sus padres.
Además, en la sala donde se llevó a cabo la conferencia estuvieron presentes Elsa Vincová y Alejandra Bellini, las docentes desplazadas de su cargo por el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, tras la muerte de Agustín Marrero, de cinco años, tras una brutal golpiza que le dio su padrastro.
“Este trabajo muestra que en un radio de 20 cuadras hay 348 talleres clandestinos, con entre cinco y ocho chicos promedio viviendo allí, frente a lo cual la Agencia Gubernamental de Control y la subsecretaría de Trabajo porteño no hicieron nada”, aseguró Vera, quien denunció que esto ocurre “porque hay una connivencia”.
Y agregó que “el Gobierno de la Ciudad tiene que reparar la medida que tomó de desplazar a las docentes del jardín” y “aumentar el presupuesto para acompañar la tarea de los docentes, que es mucha, frente a los talleres clandestinos”.
En tanto, la costurera de La Alameda Olga Cruz Ortiz contó que “los niños cuyos padres trabajan en los talleres duermen ahí, respiran el polvillo del lugar y están mal alimentados porque ellos no reciben comida, solo los adultos, que tiene que compartirla con sus hijos”.
Fidel Daza Castellanos, también costurero, dijo que los nenes “no tiene la posibilidad de salir a jugar a un patio, sino que viven encerrados y eso es muy doloroso, por eso pedimos al Gobierno de la Ciudad que no permitan que sigan ocurriendo este tipo de cosas”.
Una causa que no avanza
Este año los tiempos indican que debería realizarse el juicio contra Salazar Nina, quien pese a las denuncias, las pruebas reunidas y la cantidad de testigos en su contra sigue en el negocio de la producción textil ilegal. Hoy regentea un nuevo taller textil clandestino en un predio cuyos fondos limitan con los de la Comisaría 40º en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada: "El patio del taller da al patio de la comisaría", graficó Lucas Schaerer de La Alameda.
Luego del caso Salazar Nina, carátula de la megacausa, siguieron denuncias penales contra nombres importantes del mercado local e internacional como la especializada en ropa deportiva Montaigne; la fábrica de camperas Lacar, ahora en manos de los trabajadores; y Rustique.
El delito de base, explicó la fuente, es la violación sistemática de la Ley de Trabajo Domiciliario. Esa normativa determina que al descubrirse un taller de tales características corresponde proceder a la incautación de la maquinaria, las materias primas y los productos necesarios para montar la producción. Sin la incautación, los talleristas simplemente mudan el taller y continúan con la explotación. "Hubo un solo caso de decomiso" en el que la maquinaria de alto nivel incautada en un taller en Parque Patricios fue cedida al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y hoy es el motor de un centro demostrativo de indumentaria.
El referente de La Alameda enfatizó que la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), que agrupa a las empresas denunciadas, "reconoció que el 78% de la industria produce en la ilegalidad", lo que coincide con las denuncias de la megacausa: "Hay tantas marcas procesadas porque todo o casi todo se confecciona talleres clandestinos", afirmó.
La extensa lista de denunciados sorprende por la fama de los nombres que la componen que incluye marcas como Kosiuko (que tiene sucursales en el exterior), Nasa, Graciela Naum, Topper, Gabucci, Chocolate, Fila, Adidas, Puma, Vitamina, Le Coq Sportif, Montaigne y Soho. La reconocida marca de ropa para niños Cheeky, propiedad de Juliana Awada,esposa de Mauricio Macri, comparte lugar en la indeseable lista junto a diseñadores "top" como Jorge Ibáñez, Laurencio Adot y Benito Fernández.
