Con 132 diputados a favor y ninguno en contra, el mandatario quedó ahora en manos de la fiscalía. Se necesitaban sólo 105 votos -las dos terceras partes de los 158 escaños- para que la justicia pudiera interrogar y llegado el caso procesar a Pérez Molina.
Según la fiscalía, Pérez Molina es el responsable de una mafia aduanera a la que también estaba ligada su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien desde la semana pasada se encuentra procesada y encarcelada.
Grupos de partidarios del presidente trataron de bloquear el acceso de los diputados al edificio para impedir que se realizara la sesión, pero no llegaron a tener éxito.
El mandatario, quién en la última semana fue repudiado por multitudinarias manifestadiones, podría ser despojado del cargo, lo que profundizaría aún más la crisis institucional, cuando para el domingo están previstas elecciones generales.
De hecho, la fiscalía podría pedir ahora la comparecencia del presidente ante un juez. Si hay suficientes pruebas para procesarlo, será la justicia la que determinará si dicta o no la prisión preventiva.
Pese a las protestas y las presiones, Pérez Molina se mantuvo hasta ahora en el cargo negando rotundamente su relación con el caso "La Línea", hecho público en abril gracias a una investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la justicia guatemalteca.
Un día antes de la decisión parlamentaria, el presidente había insistido en su inocencia y reiterado que las acusaciones eran parte de un juego político de los opositores.
"Es una situación delicada y compleja, como nunca se había visto en el país. Yo tengo dos opciones: una es renunciar y la otra someterme a la justicia, y es lo que voy a hacer", dijo Pérez Molina, cuyo mandato termina el 14 de enero y no puede ser reelecto.
De acuerdo a las encuestas, los comicios del domingo se definirán en una segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre.
