Un tribunal integrado por prestigiosos defensores de los derechos humanos en Argentina realizó un juicio ético cuyo fallo simbólico condenó al Estado español por su política colonial y represiva en Latinoamérica y el País Vasco.
Integraron el tribunal como jueces Graciela Rosemblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociación América de Juristas, y Ernesto Moreau, copresidente de la Asamblea de los Derechos Humanos.
La convocatoria a este juicio realizado en el salón de actos de la Unión Cultural Armenia de Buenos Aires la apoyó una treintena de organizaciones políticas, sindicales, sociales, académicas y periodísticas.
Sus organizadores señalaron que, entre otras razones, la motivó el rechazo a un proceso que comenzará en Madrid a mediado de mes para condenar el internacionalismo vasco, representado por la Organización Askapena (Liberación), a la que las autoridades españolas quieren ilegalizar y enviar a cinco de sus militantes históricos a la cárcel.
Con más de dos décadas de existencia, Askapena es la agrupación vasca que ha mantenido lazos de solidaridad con muchos pueblos, enviando anualmente brigadistas a Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Uruguay, México y Palestina, entre otros países.
Una decena de testigos prestaron testimonio sobre los nefastos efectos del coloniaje, los daños ecológicos y económicos que provocan las actividades de las transnacionales españolas, y los maltratos y privaciones que han sido víctimas militantes vascos en las cárceles de España.
En el tratamiento a los reos "hay una intención de destruirlos como personas", denunció la documentalista de nacionalidad vasca María Torrillas, quien fue una de los testigos.
Los prisioneros hombres sufren aislamientos, dispersión carcelaria, abusos físicos y torturas mentales, mientras las mujeres reas, humillaciones, insultos, manoseos hasta llegar a la violación y no se les atiende su salud, denunciaron otros declarantes.
El tribunal resolvió responsabilizar al Estado español por violaciones de derechos humanos y políticos contra militantes y organizaciones vascas, así como por las matanzas perpetradas durante tres siglos de coloniaje en Latinoamérica y el expolio económico y territorial.
También lo hizo responsable en calidad de cómplice activo de la represión de la última dictadura cívico militar en Argentina por su respaldo y cooperación con la misma.
El juicio ético concluyó con un llamado al pueblo argentino a repudiar las actividades represivas del Reino de España, el repudio a su injerencia económica y a que apoye activamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos vasco y catalán.
Finalmente, recomienda rechazar enfáticamente la criminalización del internacionalismo solidario de la organización Askapena, y exigir la libertad inmediata de los más de 450 presas y presos políticos vascos
