Al cuerpo de Marcela Chocobar lo encontraron después de dos semanas de búsqueda en Río Gallegos. Fernanda Coty Olmos tenía varios puntazos y cortes cuando una vecina descubrió su cadáver con una bolsa negra en la cabeza, en su casa de la ciudad de Santa Fe.
Esta semana, la muerte violenta de la activista trans Amancay Diana Sacayán conmocionó a la comunidad LGBTIQ. En el último mes fueron asesinadas al menos tres mujeres trans. No se trata de casos aislados, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) contó 13 travesticidios en lo que va del año.
Sus muertes evidencian el castigo que sufren aquellos que se considera desobedecen normas de género. El duelo deja al descubierto una certeza: las violencias y la transfobia recortan la esperanza de vida de las travestis.
“Estamos en estado de ‘alerta trans’. Tenemos que estar más atentas porque esta violencia creciente contra nosotras no es casual. Son crímenes de odio con mucha saña. Es la reacción a un empoderamiento, a la ampliación de derechos. Es una advertencia a todas”, dijo a Infojus Noticias Marcela Romero, la presidenta de ATTTA, un momento después de recibir un llamado que le llegó desde Moreno, al oeste del conurbano bonaerense.
Allí Soledad, una mujer trans, estuvo internada como NN durante seis días hasta que la asociación pudo ubicar a su familia. “Tiene el cráneo destrozado. Está en coma”, dijo Romero.
La presidenta de ATTTA pone el foco en el sistema de denuncias que muchas veces no es jerarquizado. “Cuando tratamos de advertir una situación y cualquier mujer va a una comisaría a hacer una denuncia, no la atienden bien. Esa denuncia llega totalmente débil al juzgado”, explicó.
La palabra “travesticidio” se refiere a los asesinatos con saña de personas que se identifican con una identidad de género que no depende, en exclusivo, de los genitales que se portan al nacer. De acuerdo a un estudio de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), siete de cada diez travestis vio morir a una amiga en los últimos cinco años.
“Podemos tener ley de Matrimonio Igualitario, ley de Identidad de Género, ley de Cupo trans pero vamos a seguir peleando por el derecho a la vida”, dijo Noelia Luna, de la Asociación Civil Miser (Movimiento de Integración Sexual Étnica y Religiosa) durante el velatorio de Diana Sacayán.
La situación en la región
A nivel mundial, entre 2008 y 2014 se contabilizaron 1509 asesinatos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexo y queer. Casi el 80% de esos crímenes ocurrió en América Latina. Las frías estadísticas arrojan un promedio de un asesinato cada dos días. Los organismos llaman a este estado de situación “genocidio trans”.
Entre 2013 y 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información sobre 770 actos de violencia contra personas LGBTIQ en 25 estados miembros de la OEA. Los asesinatos fueron 594. En el informe “Una mirada a la violencia contra personas LGBTI”, la CIDH puso especial énfasis en los casos de mujeres trans asesinadas.
“Aunque los hombres gay de todas las edades parecen ser el blanco de ataques, en el caso de las mujeres trans son las más jóvenes quienes son víctimas de violencia”, señalaron.
El 80% de las mujeres trans asesinadas en 2013 tenían un promedio de 35 años de edad.
La población trans es vulnerable. Los suicidios también aparecen como un factor más causal de muerte.
Según la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, el 41% de los integrantes de este colectivo intentó suicidarse al menos una vez, un porcentaje nueve veces más alto que la media (4,6%).
El informe “Cumbia, copeteo y lágrimas. Travestis, transexuales y transgéneros en la Argentina”, de 2007, reveló que el 86 por ciento respondió que se había inyectado siliconas, mientras que el 14 restante dijo no haberlo hecho. Dentro del grupo que se inyectó siliconas, casi el 90 por ciento señaló que la intervención tuvo lugar en un domicilio particular, el 9 en una clínica privada, el 3 en un consultorio particular y el 2 por ciento en un hospital público.
La criminalización, la violencia machista, el VIH, los abusos policiales, la mala atención en hospitales y centros de salud, las nulas oportunidades laborales, el uso de silicona industrial, la pobreza y la violencia histórica redujeron la esperanza de vida de las personas trans a la de la mitad de la población.
Según los datos recopilados por la CIDH, en América el promedio no pasa la frontera de los 30/35 años, mientras la media nacional se ubica 79 años para las mujeres y 71 para los varones.
Investigar los crímenes de odio
Cuando la detuvieron el 11 de febrero de 2000, Vanesa Ledesma tenía 47 años y militaba en la Asociación Travestis Unidas de Córdoba (ATUC). La llevaron a la comisaría 18 después de una pelea en un bar. La acusaban de provocar daños.
Vanesa murió cinco días después en la dependencia policial. Su causa se archivó como “muerte natural” y es uno de los casos paradigmáticos sobre la impunidad en relación a los crímenes de odio.
Lohana Berkins de ALITT, Martín Canevaro de 100% Diversidad y Derechos y Marcelo Suntheim de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) le manifestaron a la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que investiga la muerte de Diana Sacayán, la preocupación por el contexto de violencia y exclusión en el que viven las personas trans y la necesidad de que esta mirada sea incluida en el análisis de las líneas investigativas.
El Ministerio Público Fiscal y la CHA, como aporte a la tarea de aceitar engranajes democráticos en la justicia, hicieron durante mayo el curso "La investigación de los llamados delitos de odio por orientación sexual- Mecanismos de investigación y la víctima en el sistema acusatorio", con un programa orientado a operadores judiciales.
"La definición de los delitos o crímenes de odio está en construcción permanente: se usó por primera vez en 1985 por el FBI para investigar cuestiones raciales y después se expandió a las formas de discriminación que nacen por prejuicios, como las orientaciones sexuales. Para identificar esta tipificación se pueden tener en cuenta, por ejemplo, la forma que se usa para violentar, si hay amenazas previas, si hay una fecha significativa para la comunidad, la forma en que se encuentra a la víctima y no solo los testimonios de familiares y allegados, porque a veces el entorno quiere ocultar la orientación sexual porque también tiene prejuicios", explicó Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA, abogado y docente del curso, junto con integrantes de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC).
En la cursada se habló de algo novedoso en México, que podría tenerse en cuenta para trabajar en casos argentinos: un protocolo de actuación para delitos de odio por género u orientación sexual que fue encargado por la Suprema Corte de Justicia de México.
Paradiso Sottile explicó que el protocolo consta de “identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género u orientación sexual que den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo a fin de visualizar las situaciones de desventajas. Ordenar las pruebas necesarias para visibilizar esos contextos en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación. De detectarse la situación de desventaja por estas razones, se debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable así como evaluar el impacto diferenciado de la solución, para buscar una resolución justa e igualitaria”.
El último 3 de junio, la histórica movilización Ni Una Menos abrazó otra consigna "Ni un@ menos”. El arroba en representación de los géneros que están fuera del binarismo biológico hombre/mujer. Esa misma frase levantó en un Diana Sacayán en el Congreso, acompañada de otro mensaje: “Basta de travesticidios”.
*Por: María Florencia Alcaraz y Matías Máximo, Infojus Noticias
Fotografía: Charo Larisgoitía
