La legisladora porteña por Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, fue quien presentó el escrito este mediodía, que recayó en el Juzgado Nacional Penal 4 a cargo de Silvia Ramond, quien deberá decidir darle curso a la denuncia.
Cerruti comparó la declaración jurada del candidato presidencial de Cambiemos que presentó el 26 de junio de este año en la Ciudad de Buenos Aires, en requerimiento de la ley porteña 4.895 que establece la obligación del Jefe de Gobierno y otros funcionarios de actualizarla dos veces por año; y el documento que envió a la Oficina Anticorrupción el 29 de septiembre último, en calidad de candidato a ejercer el cargo de presidente.
En el escrito, al que tuvo acceso Télam, la legisladora sostiene que "a pesar que ambas declaraciones juradas corresponden al período 2014 y que fueron presentadas con dos meses de diferencia, de su simple confrontación surge la existencia de diferencias sustanciales entre los activos y pasivos declarados por Mauricio Macri para el mismo período".
Por ejemplo, la diferencia de valuación fiscal de un lote que posee en Tandil: la DDJJ presentada en la Ciudad informa que el inmueble tiene un valor de $319.374 pesos; mientras que en la OA, sostiene que éste vale $657.394, más del doble; al igual que otro inmueble en Recoleta del que dice ser propietario en un 30%, en donde en una declaración menciona un valor de $525.615 pesos; y en la segunda, 1.233.000 pesos.
Similar es la situación del campo que posee en la localidad uruguaya de Maldonado, valuado en la declaración que presentó en la Ciudad en $1.182.552; y ante la Oficina Anticorrupción, por 3.380.400 pesos; y en la primera informa que le realizó mejoras por un monto de 1.277.592 pesos; mientras que esos datos no aparecen en su declaración presentada en septiembre.
Asimismo, Macri declara créditos fiscales por 856.797 pesos únicamente en la DDJJ de la Ciudad; en la misma en la que informa "créditos varios" por un monto de 28.249.645 pesos, a diferencia de la que presentó en la OA, en donde esos créditos se encuentran individualizados (siendo acreedores el ministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti y su amigo y contratista de la Ciudad Nicolás Caputo) y ascienden a un valor menor: $20.491.377.
De los datos recabados por Cerruti, también se desprenden incompatibilidades en cuanto a lo adeudado por el Jefe de Gobierno; en relación a su participación accionaria, el dinero en efectivo que dice poseer, los depósitos en cuentas bancarias en el país y también en las cuentas en el exterior que declara Macri.
En concreto, ante la OA declaró una cuenta corriente en Estados Unidos por el equivalente a dólares de $10,4 millones y otro depósito en Suiza por $7,5 millones, mientras que en la de Ciudad no especifica si dichas cuentas corrientes están radicadas en el país o fuera de éste.
En diálogo con Télam, Cerruti sostuvo que la denuncia se realizó por "omisión maliciosa, falsedad ideológica y por negocios incompatibles con la función pública"; esto último por sus vínculos con Nicolás Caputo, uno de los principales contratistas de la Ciudad de Buenos Aires.
La nueva denuncia que deberá afrontar el candidato presidencial de Cambiemos forma parte de las "alrededor de 200" que se le han realizado durante su gestión al frente del Ejecutivo porteño, según destacó la legisladora Cerruti, quien recordó también que Macri está procesado por una causa de escuchas ilegales.
Hoy también se conoció, a través del diario Página/12, que los empresarios mendocinos Adrián Dalla Torre y Jorge y Roberto Reale, dueños y directivos de Reale-Dalla Torre Consultores -una de las agencias denunciadas por manejo en la publicidad porteña- se encuentran entre los mayores aportantes de la campaña de Cambiemos.
"Estamos frente a un entramado que utiliza Mauricio Macri en la Ciudad y ahora quiere seguir haciendo sus negocios privados" en la nación, destacó Cerruti, y sentenció: "con el negocio de la pauta están desviando fondos públicos para pagar la campaña".
"Estaban acostumbrados a la protección mediática", por lo que ahora "no saben responder", consideró.
Cerruti recordó también que la primera denuncia por pauta publicitaria la realizó la ex legisladora Rocío Sánchez Andia (Coalición Cívica-ARI) en 2009, y además, que el entonces "secretario de Medios Gregorio Centurión se suicidó" durante el curso de la misma, ante la sospecha de corrupción.
