El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, presentó en la Legislatura dos proyectos de ley para tomar deuda por 180 millones de dólares, destinados a la construcción de dos plantas de tratamiento de residuos y reavivó las críticas por la falta de cumplimiento en la Ciudad de la llamada ley de basura cero.
“Llama la atención este nuevo pedido de endeudamiento porque en el 2013 la Legislatura votó una ley autorizando la emisión de títulos de deuda por 260 millones de dólares para destinarlos a la construcción de una planta de tratamiento, el acondicionamiento de las existentes y de los centros de transferencia, pero ninguna de estas obras fueron ejecutadas”, denunció el legislador del Partido Socialista Auténtico, Adrián Camps.
Las nuevas plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos (MBT) proyectadas por el gobierno porteño se sumarían a la que existe en el Complejo Ambiental Norte III del CEAMSE, en la localidad de José León Suárez, que desde su creación es foco de fuertes cuestionamientos porque “muestran que el Gobierno está tomando otra dirección que atenta contra los objetivos de la Ley [de Basura Cero] y su cumplimiento”, dicen desde la Comisión Basura Cero que forman las ONG Greenpeace, FARN y Avina.
Una solución ineficiente
De acuerdo a la Ley de gestión integral de residuos sólidos urbanos, más conocida como “ley basura cero”, la Ciudad tiene el compromiso de reducir a cero el envío de basura a los rellenos sanitarios para 2020, pero según datos de Greenpeace para 2014 el porcentaje de cumplimiento apenas alcanzó el 15 por ciento.
Y en este contexto, la construcción de las plantas MBT va a contra mano del objetivo de ley. Aunque su puesta en marcha tiene un costo millonario, apenas recupera entre un 5 y un 10 por ciento de los residuos que procesa. El resto va derecho a los rellenos.
“El PRO permanentemente se negó a cumplir la ley de basura cero. Durante los dos primeros años no hizo nada. Después empezó a plantear la separación en origen, pero estas plantas trabajan mezclando los residuos. ¿Vamos a montar semejante planta a un costo millonario para después mandar el 85 por ciento a enterrar?”, dijo Camps a Infojus Noticias. La licitación de ambas plantas que el gobierno porteño publicó a mediados de este año es de 4.653 millones de pesos.
El problema de las plantas, además, es que no solo desincentivan a las personas a separar sus residuos sino que al mezclarlos, se contamina el porcentaje que podría recuperarse y por eso el resultado final apenas alcanza un 10% que puede reinsertase en el circuito en vez de terminar en los rellenos.
“Nosotros nos oponemos a que se introduzca este tipo de tecnología cuando el estado actual del cumplimiento de la ley deja mucho que dejar”, dijo a Soledad SedeInfojus Noticias, coordinadora de la campaña Basura Cero de Greenpeace. “Es mucho más eficiente que cada uno separe la basura que juntarla toda y separarla por medios mecánicos. ¿Para qué vas a pagar para que una máquina separe la basura? No es lógico”, agregó.
Según se consigna en la respuesta oficial al pedido de informe de la Comisión de Asesoramiento Técnico de la Ley Basura Cero, citado por el informe de las ONG, el Gobierno de la Ciudad destinó para el mantenimiento y puesta en valor de los Centros Verdes un presupuesto de $70 millones, y de $15 millones para equipamiento. “El dinero tiene que estar puesto en lo que manda a cumplir la ley. Tenemos centros verdes que no están preparados para recibir los residuos que los vecinos acercan”, dijo Sede.
La deuda de todos, para unos pocos
Aunque en 2013 la Legislatura porteña aprobó, a través de la ley 4.810, la emisión de títulos de deuda por 260 millones de dólares para la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, el acondicionamiento de las existentes y de los centros de transferencia, el destino de los fondos fue, en realidad, otro.
Apenas un año después, la ley 5.051 aprobó transferirlos como “anticipo financiero para la adquisición de equipamiento y bienes de capital” a las empresas adjudicatarias de los contratos de recolección de residuos húmedos “para que se equipen con nuevos camiones”, según denunció Camps.
“Nada mencionan los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo sobre la devolución de los 240 millones de dólares `prestados´ al sector privado en 2013”, remarcó el legislador.
“Evidentemente hay una connivencia entre el gobierno de la Ciudad y los empresarios porque cuando licitan no dicen que no tienen la plata para comprar los camiones, entonces ganan la concesión y después la Ciudad pone la plata para los camiones al transferir el préstamo”, agregó.
