Amnistía Internacional, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad son algunas de las asociaciones que explicitaron su oposición durante una conferencia de prensa realizada hoy en el Ministerio Pública de la Defensa.
Allí, el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, consideró que es “inadmisible que en estos tiempos haya alguien como (el jefe de Gobierno porteño y candidato a Presidente por Cambiemos) Mauricio Macri que desee comprar una pistola taser para su fuerza de seguridad”.
“En momentos en los que se están juzgando a los torturadores de la última dictadura genocida es necesario que no se legalice la tortura en la Ciudad”, añadió.
“La policía Metropolitana, que es considerada una fuerza de aproximación al vecino, fue creada con lo peor de los agentes de la Federal y Bonaerense, policías exonerados, gente que participó en la dictadura y Jorge 'Fino' Palacios y las escuchas ilegales", comentó.
"Empezó con lo peor y con una matriz represiva. A esto se le suma que quieren comprar estas pistolas y que en su corto tiempo de existencia tienen más de seis casos de gatillo fácil”, apuntó el funcionario.
Durante la conferencia de prensa se expuso el informe de Amnistía Internacional que concluyó que desde el 2001 hasta la fecha casi 700 personas murieron en Estados Unidos por la descarga eléctrica de las Taser que afecta especialmente a personas que toman alguna medicación específica o tienen problemas al corazón.
También recordaron que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas consideró a estas pistolas como "un elemento de tortura”.
“Mis padres fueron torturados y no se lo deseo a nadie, a ningún ciudadano, es inadmisible que en estos tiempos haya alguien como Macri que desee comprar una pistola Taser para su fuerza de seguridad; creemos que Argentina tiene que respetar los tratados internacionales contra la tortura”, remarcó Pisoni.
El Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, Luis Duacastella, precisó que en 2010 el Observatorio de Derechos humanos (ODH) presentó un recurso de amparo para detener la compra de las Taser que “tuvo un fallo favorable en primera instancia, luego la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributaria los confirmó pero luego el Tribunal Superior de Justicia porteño, con argumentos inconcebibles, permitió la utilización supeditándolo a la vigencia de un protocolo”.
“Ese protocolo es un fraude de etiqueta, es una manera de legitimar el poder político del Estado y los excesos de una policía joven y que hace pocos días tuvo un caso como el de Lucas Cabello”, recordó.
“La Policía Metropolitana opera en un quinto de la Ciudad de Buenos Aires porque funciona en tres Comunas y ya tiene 7 casos penales de violencia institucional, la proporción sería que a lo largo de tres años la Policía Federal tenga 70 casos de este tipo”, afirmó.
Duacastella indicó que la Policía Metropolitana "no hace caso ni a la legislación interna" al repasar casos de represión de la fuerza como el del Hospital Borda, el Parque Indoamericano y la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín.
Ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia, el ODH junto al Ministerio Público de la Defensa presentaron un recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia para prohibir la utilización de estos dispositivos.
Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos participarán de la causa como amigos del tribunal o "amicus curiae", en términos jurídicos para exponer por qué consideran que la fuerza de seguridad de la Ciudad no debe utilizar las pistolas eléctricas.
Otros organismos que se presentarán como amicus curiae son la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH), Asociación Americana de Juristas y la Unión de Trabajadores de la Educación (Ute-Ctera).
