Los legisladores Miguel Funes, Karina Nazabal, Gustavo Di Marzio, Alejandra Martínez y Carolina Czelagowsky mantuvieron ayer un encuentro por el Presupuesto 2016 con el secretario adjunto de ATE, Carlos Díaz, y la secretaria de Acción Política, Griselda Cavaliere, entre otros representantes del gremio en la provincia de Buenos Aires.
Los sindicalistas manifestaron su disconformidad con el proyecto de la gobernador María Eugenia Vidal, ya que no cuenta con “las planillas analíticas ni las políticas presupuestarias de cada una de las jurisdicciones”, lo que afecta la discusión de fondo sobre cuáles son los programas y las políticas públicas que se van a llevar adelante desde la Provincia.
“No estamos dispuestos a que se disminuya la participación en el presupuesto de áreas educativas, de salud y de desarrollo social como vemos expresado en el proyecto enviado por Vidal”, aseguró Díaz.
A su turno, Cavaliere expresó que “el presupuesto no cuenta con la designación de los cargos que ya estaban comprometidos desde el Ejecutivo provincial para los trabajadores que se encuentran de forma precarizada en becas, contratos y monotributos”.
Por su parte, la diputada Nazábal consideró la importancia de “respetar las construcciones colectivas que se fueron construyendo los últimos años que garantizan y generan nuevos derechos y que ahora no las vemos en el presupuesto”.
“No vemos reflejado en el presupuesto la ley de Boleto Educativo, la ley de Economía Social, la creación de la oficina provincial contra la Trata de Personas, la ley de Educación Sexual y Reproductiva en colegios secundarios”, dijo y precisó que la ley de Acceso Justo al Hábitat “tiene un renglón pero no se detalla la utilización de los recursos”.
En tanto, Funes planteó la necesidad de garantizar “un presupuesto que beneficie a los bonaerenses y que defienda las fuentes de trabajo, mientras que Di Marzio alertó sobre el “alto nivel de endeudamiento propuesto por el Ejecutivo y puntos que generan incertidumbre como un endeudamiento de 28 mil millones de pesos para gestos eventuales, algo que resulta inconstitucional”.
El proyecto prevé un endeudamiento total en pesos superior a los 90 mil millones de pesos y de 740 millones de dólares con organismos internacionales, así como aumentos del 26 por ciento en el Impuesto Inmobiliario Urbano.
