"Hemos decidido declarar en estado de emergencia las provincias de Santa y Casma a partir de mañana" (25 de diciembre), anunció el jueves el presidente peruano, Ollanta Humala, en declaraciones a la prensa en la sede del Ejecutivo, tras participar en un desayuno con niños por Navidad.
Hemos decidido declarar en Estado de Emergencia las provincias de Santa y Casma, a partir de mañana", anuncia el presidente peruano, Ollanta Humala.
La decisión eleva a tres (de un total de 196) el número de las provincias declaradas en estado de emergencia por inseguridad, luego de que el 5 de diciembre ocurriera lo mismo con El Callao, vecino de Lima (capital) —donde se ubican el mayor puerto y aeropuerto del país— azotado por una ola de delincuencia, sicariato, narcotráfico y extorsión que ha provocado muertes por riñas entre bandas.
El estado de emergencia durará en Santa y Casma al menos 45 días y servirá para combatir los altos índices de inseguridad que se pueden dar en el país en estos tiempos, señaló el mandatario al explicar escuetamente las razones de la decisión.
"Hemos tomado la decisión para poder darles tranquilidad a las familias de estas zonas, que muchas veces por el tema de inseguridad en las fiestas de Navidad y Año Nuevo puedan convertirse en víctimas", acotó Humala.
Las provincias de Casma y Santa, en la región de Ancash (costa norte), se han convertido en los mayores focos de sicariato y de crimen organizado en los últimos años.
En Perú, el régimen excepcional de emergencia confiere a las fuerzas de seguridad plenos poderes para actuar sin necesidad de un mandato judicial. En la práctica la policía puede entrar a un domicilio donde tenga la sospecha de algún crimen, reunión de delincuentes o bandas o presencia de armamento, y detener personas.
Una declaratoria de emergencia implica la suspensión de los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio, y supone la participación eventual de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el resguardo de la seguridad.
El 20 de octubre, Francisco Ariza Espinoza, alcalde del distrito de Samanco, en Santa, fue asesinado en un complot urdido por sus propios regidores municipales. Poco antes, el alcalde provincial de Santa, Julio Cortez, recibió una sentencia en primera instancia por corrupción.
El crimen organizado y la corrupción ha alcanzado así incluso a las autoridades de Ancash, región que maneja millonarios fondos públicos en impuestos mineros, lo que motivó la destitución y encarcelamiento de su gobernador César Álvarez en 2014. Álvarez está procesado por el asesinato de su principal opositor político.
Según datos oficiales, en Perú ocurren 6,7 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
