Por medio de un comunicado enviado el lunes a la Cancillería argentina, el bloque Progresista, compuesto por representantes de la izquierda de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay en el Parlasur, solicitó la liberación de Sala, también diputada del Parlasur.
La diputada Milagro Sala es una gran luchadora social a favor de la causa indigenista en América Latina, sabemos que estas acciones son parte del libreto que ha seguido el señor Macri en lo que va de su gobierno, pero se equivocó una vez más porque los pueblos indígenas somos una sola fuerza y saldremos siempre a defender nuestros derechos humanos ante estos atropellos”, indicó la diputada indígena venezolana en el Parlamento Indígena de América, Aloha Núñez.
Que “en forma urgente se le haga llegar información sobre la detención de la parlamentaria”, pide el diputado argentino del Parlasur, Jorge Taiana, en una carta dirigida a la canciller argentina, Susana Malcorra.
Asimismo, aboga por indicios que garanticen “su integridad personal, su libertad, el debido ejercicio de sus garantías procesales y su derecho a manifestarse libremente”.
Por su parte, la diputada indígena venezolana en el Parlamento Indígena de América, Aloha Núñez, también emitió el lunes un comunicado en el que rechaza la detención arbitraria contra Sala y lo consideró como una iniciativa que corresponde a los intereses del Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri.
“La diputada Milagro Sala es una gran luchadora social a favor de la causa indigenista en América Latina, sabemos que estas acciones son parte del libreto que ha seguido el señor Macri en lo que va de su gobierno, pero se equivocó una vez más porque los pueblos indígenas somos una sola fuerza y saldremos siempre a defender nuestros derechos humanos ante estos atropellos”, indicó.
También, el primer vicepresidente del Parlamento Indígena de América, Amado Heredia, consideró que “se trata de un patrón de gobierno cuyo actuar obedece a callar las voces de quienes defienden a los más oprimidos”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a su vez, cuestionó el arresto de Sala, debido a que “la detención es producto de una causa penal que está armada de un modo similar a muchas que han pretendido criminalizar la protesta”.
Sala, diputada del Parlasur y dirigente de la organización Tupac Amaru, fue detenida tras un allanamiento el pasado día 16 de enero en su residencia ubicada en San Salvador, capital de la provincia norteña de Jujuy; y trasladada a la comisaría de la Mujer por supuestos cargos de “instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real”.
Hace varias semanas, Sala instaló un campamento frente a la Gobernación de Jujuy para rechazar el reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteadas por el nuevo gobierno de Gerardo Morales, aliado del partido Cambiemos del presidente Macri.
Morales amenazó con quitarle los fondos con los que construyeron sus propias viviendas y urbanizaron sus barrios, desde hace casi una década.
Por otro lado, Morales ha decretado recientemente la pérdida de beneficios sociales y su personería jurídica de aquellas organizaciones sociales que no se reempadronen. Sala y representantes de otras organizaciones se oponen a tal disposición.
Desde el sábado cientos de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para protestar contra el arresto de Milagro Sala. Ayer lunes, los argentinos reiteraron la solicitud de la liberación de su líder.
