“Estas personas no amenazan la seguridad nacional estadounidense (…) Deportar a esos refugiados significa enviarlos a una posible muerte en casa”, indicó el viernes la presidenta del bloque de legisladores hispanos demócratas, Linda Sánchez (foto), quien describió la situación de las mujeres violadas sexualmente y asesinadas y la violencia en las calles de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Después de una reunión que mantuvo el jueves con la directora de política interna de la Casa Blanca, Cecilia Muñoz, en la oficina de la jefa de la bancada demócrata Nancy Pelosi, Sánchez aseguró (ayer viernes) que se mantendrá en contacto con ella, además pedirá una cita con Obama para abordar el tema.
Los políticos demócratas insistieron en obtener un estatus migratorio temporal conocido como TPS para esas familias provenientes de los mencionados países centroamericanos, que huyen de la violencia y diferentes tipos de crímenes de género.
En el mismo contexto, el congresista por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que recogerá firmas en la Cámara Baja para pedir el otorgamiento de TPS, en especial para las familias y los menores hispanos.
En respuesta, el portavoz de la Casa Blanca, Joshua Earnest, indicó que la Administración de Obama conoce las preocupaciones, pero no va a cambiar las definidas estrategias y prioridades al respecto.
Decenas de miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños comenzaron a llegar en 2014 a la frontera estadounidense sin documentos, y muchos afirman que huyen de la violencia desatada por las pandillas y el crimen organizado.
El pasado 24 de diciembre, el diario estadounidense The Washington Post, citando a fuentes anónimas ligadas a la operación, informó que el Departamento estadounidense de Seguridad Interna (DHS, en inglés) preparaba un plan de redadas para la deportación de "centenares" de familias inmigrantes indocumentadas centroamericanas para las próximas semanas.
El jueves, el DHS a través de un comunicado, anunció la detención de 121 personas en dichas redadas con previas órdenes de deportación.
Abogados afirmaron haber logrado parar temporalmente procesos de deportación de 12 de los detenidos, y señalaron que apelan esos casos ante la junta de apelaciones de inmigración del Departamento de Justicia.
La Administración de Obama ha sido fuertemente criticada por su política de deportaciones, ya que dio esperanza de legalizar temporalmente a unos cinco millones de indocumentados, algo que no cumplió porque las cortes frenaron el beneficio. Más de 2,5 millones de indocumentados han sido deportados desde que Obama llegó a ser presidente en el 2009.
Mientras tanto, gente como el multimillonario Donald Trump, precandidato republicano a la Presidencia de EE.UU., genera polémica tramando planes para establecer una "fuerza de deportación" encargada de expulsar del país a los once millones de inmigrantes sin papeles.
