“Estamos acá, frente al Palacio de la Muerte, donde está la comitiva de la muerte, hoy día, impulsando el proyecto de ley de aborto”. El 3 de febrero de 2015 el pastor evangélico Javier Soto se instaló afuera de La Moneda y sentenció al gobierno por el proyecto que solo días antes -el 31 de enero- había ingresado a la Cámara de Diputados.
Durante todo el año la escena se repitió incansablemente en las afueras del Congreso, en Valparaíso, donde Soto vociferó -algunas veces solo, otras acompañado- contra el gobierno, los parlamentarios, la DC y todos los que estuvieran involucrados en la tramitación de la despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Esa constancia, sin embargo, no fue a la par con lo que ocurriría dentro del Congreso, donde hasta ahora la iniciativa ni siquiera ha logrado avanzar la mitad del camino que deberá recorrer para ser despachada.
Las primeras señales de la enorme dificultad que enfrentaría el proyecto surgieron el mismo día en que la Comisión de Salud de la Cámara comenzó a debatirlo, el 17 de marzo. En esa sesión, donde estuvieron presentes varios ministros de gobierno y casi todos los diputados pidieron la palabra, el presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), dijo: “Como este es un tema valórico personal, es natural que las opiniones sean divididas, tanto en la Nueva Mayoría como en la oposición”.
Castro tenía razón. Sabía, al igual que el gobierno y el resto del oficialismo, que se trataba de un tema profundamente sensible para la Democracia Cristiana. Un importante sector del partido -que tiene un tercio de los votos oficialistas tanto en la Cámara como en el Senado- interpreta el proyecto como una vulneración del derecho a la vida.
La DC ya había dado pruebas de su resistencia a legislar sobre el tema en ocasiones anteriores, votando en contra de iniciativas parlamentarias. La Nueva Mayoría cifraba sus esperanzas solo en un elemento: la despenalización del aborto terapéutico era una de las promesas de campaña de Michelle Bachelet en el momento en que la DC decidió respaldar su candidatura presidencial.
Con el tiempo, la DC se defendería de esa acusación diciendo que el programa no se conoció hasta el momento en que se hizo público, lo que ocurrió después de que Bachelet fuera proclamada.
Dudas de la DC y la Suprema
Cuando la sala de la Cámara dio cuenta del proyecto, remitió también un oficio a la Corte Suprema. La respuesta llegó dos meses después, y contenía varias observaciones, en particular sobre la causal por violación. La corte reparó en que el equipo médico no estuviera obligado a realizar una denuncia en casos de violación, y en la “curiosa diferencia” en el plazo en que se podría interrumpir un embarazo en caso de tratarse de una menor de 14 años, extendiendo a 18 el tope original de 12 semanas de gestación.
Estos dos aspectos fueron parte de los cuestionamientos que plantearon los diputados DC -incluso los más abiertos- a lo largo de la tramitación, y que exigieron corregir. También pidieron remover el concepto de riesgo “futuro” de la vida de la madre y garantizar la intervención de un segundo médico especialista para confirmar la inviabilidad fetal, además de precisar, en esa causal, que el feto deberá presentar una “malformación de carácter letal”. También pidieron disminuir la disposición de 18 semanas y establecer la obligación de denuncia en casos de violación.
Más de la mitad de la bancada exigió estos cambios para aprobar la primera y la segunda causal. En el caso de la tercera, aumentó a 17 de los 21 diputados, aunque en la mayoría de los casos no ofrecieron garantías de que, por estas correcciones, votarían a favor.
El partido demandó, además, que el gobierno patrocinara un proyecto de $ 7 mil millones anuales para acompañar a las mujeres que decidan seguir adelante con un embarazo complicado.
Concesiones del Ejecutivo
La Presidenta Bachelet ingresó indicaciones al texto. Entre ellas, removió el concepto de riesgo “futuro” de vida de la madre y precisó, en la causal de inviabilidad fetal, el concepto de que tenía que ser por problemas de “carácter letal”. En la comisión se aprobó también una indicación de la DC para reducir a 14 semanas el plazo para interrumpir el embarazo en menores de 14 años.
El Ejecutivo concedió también la incorporación de un segundo diagnóstico por parte de un especialista para la causal de inviabilidad fetal, y también la obligación de denuncia en caso de violación, aunque solo en menores de edad.
Es decir, el gobierno cedió en casi todas las demandas DC, generando la molestia de los otros partidos oficialistas, que criticaron tanto a los falangistas como al gobierno por bajar la guardia.
No obstante, cuando el proyecto llegó a la Comisión de Constitución -después de más de seis meses en la Comisión de Salud, donde escucharon a representantes de 75 organizaciones- la DC lo volvió a bloquear. A diferencia de Salud, donde los representantes del partido -Gabriel Silber y Víctor Torres- apoyaban el proyecto y trabajaron para compatibilizar las exigencias de la colectividad, los diputados de Constitución albergaban más dudas, ofreciendo una perspectiva más nítida del comportamiento que, se proyecta, tendrá el partido en la sala de la Cámara y posteriormente en el Senado. Los diputados advirtieron que se tomarían “todo el tiempo del mundo” en la tramitación, y realizarían nuevas audiencias, que se extendieron hasta enero.
Por lo mismo, resultó curioso que el Ejecutivo decidiera plantear el despacho del proyecto de la Cámara como su octava prioridad legislativa para el año que terminó el 31 de enero. Esa opción quedó descartada nuevamente por la DC, pese a que el gobierno le había hecho una nueva concesión al establecer la obligatoriedad de la denuncia para mayores de edad en caso de violación.
Cuando se introdujo esa enmienda, el ministro Nicolás Eyzaguirre preguntó si serviría para viabilizar la sobrevivencia del proyecto. Le dijeron que sí. Dos semanas después, los diputados democratacristianos pidieron aplazar el proyecto para marzo. Le advirtieron al gobierno que existía un “problema político”.
