"No hay mejor Programa para la prevención de aborto que el de salud sexual y reproductiva", fue una de las definiciones del hombre que convirtió "un derecho básico de las y los argentinos, de la diversidad y de toda la sociedad, en una política de Estado".
En una charla con Télam en su oficina de la universidad ISalud que fundó y del cual es rector honorario, González García, retirado de la función pública, repasó los orígenes del Programa, sus avances y desafíos.
Si bien mostró su preocupación por los despidos actuales en el área, confió "en la masa crítica que lo va a sostener, que es lo que hace que las sociedades sigan siendo democráticas, más allá del gobierno que tengan".
El profesional valoró que sea Silvia Oizerovich, médica ginecóloga que coordinó el organismo de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires, quien esté ahora a cargo de conducir el PSSyPR en la gestión actual que comanda el ministro Jorge Lemus.
"Es una médica que conoce el tema, que viene del medio. Es más, fue parte del Consejo Consultivo del Programa en mi gestión, junto a otras profesionales muy reconocidas como Diana Galimberti, Mariana Romero, Ana Suppa y otras".
González García, que ocupó el Ministerio de Salud entre los años 2002 y 2007 durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, consideró que estos dispositivos estatales "son siempre necesarios por ética social, y en un marco de restricción económico es cuando más hay que cuidar que funcione como un reloj".
Ésto, porque "se trata de una política pública que iguala a las mujeres pobres con las que no lo son. Estamos en una situación en el país donde no hay igualdad de derechos económicos. El propio presidente (Mauricio Macri) ha hablado de la inflación y lo que implica".
"En las personas pobres, la desigualdad económica impacta primero en el acceso a los alimentos y después en el acceso a medicamentos, entre ellos, los que garantiza gratuitamente el Programa", analizó.
"Entonces, si la provisión gratuita no está garantizada no sólo se perjudica al Programa, también se perjudica una política de Estado que garantiza la igualdad de derecho", añadió.
Actualmente, el PSSyPR entrega gratuitamente distintos tipos de anticonceptivos, insumos para tratamientos de fertilidad y hormonales para las personas trans.
No duda el ex ministro en mostrar su preocupación ante las denuncias gremiales y de organizaciones sociales de que el organismo sanitario no se sostenga en las condiciones que lo viene haciendo desde su creación en 2003.
Interpretó que "como ha pasado en la historia argentina, cuando un derecho social es muy bien valorado, no se suele destruirlo de frente. Nadie va a derogar la ley o decir que se terminó el Programa, pero hay formas de desvalorizarlo por inanición, con falta de insumos o de compras oportunas; se devalúa, pierde identidad y valor. No se si está pasando ahora, pero debo reconocer que me preocupa".
Mientras fue ministro, recibió ataques de algunos profesionales, religiosos y organizaciones que se oponían al derecho a la salud sexual y reproductiva.
El médico recordó esos días con una sonrisa "porque estaba y estuve muy convencido de lo que hacía. Mi pregunta a quienes se oponen es: ¿Por qué predican que el Estado no entregue insumos que garantizan este derecho y jamás van a predicar a las farmacias para que no los vendan?".
El dispositivo comenzó a funcionar un año después de aprobada la ley que lo creó y fue pionero en la región y tomado como modelo por otros países.
"Este Programa ha pasado por varias gestiones y presidencias. Confío en que va a continuar, sobre todo en el contexto actual. Si no, la grieta se profundiza", consideró el médico.
González García, en medio de anécdotas, valoró la tarea de Valeria Islas, que estuvo al frente del organismo en su gestión y “el apoyo de tantas organizaciones que hicieron posible y sostuvieron esta política pública. Pienso en las mamás de niñas violadas y embarazadas, de las que aprendí mucho".
Es conocida su postura a favor del aborto legal, lo que le trajo no pocos dolores de cabeza, pero que siempre sostuvo: "Hicimos el protocolo de atención de abortos no punibles. Luego la Corte fijó su postura dejando en claro que no hay que judicializar la práctica cuando la mujer la solicita cuando es violada", recordó.
El desafío, consideró, "es que todo esto se cumpla, que se federalice, que los insumos lleguen a todos lados. Luchar contra el embarazo no deseado es luchar contra el aborto ilegal, causante de muerte, dolor, traumas...si no funciona el Programa se generaliza el aborto en los lugares mas oscuro, con las consecuencias mas siniestras y eso es malo para toda la sociedad".
El PSSyPR implica además cumplir con las leyes de anticoncepción quirúrgica, fertilidad, identidad de género, protección contra las violencia de género, y beneficia a casi 4 millones de personas.
