ONGs y partidos políticos han arremetido duramente contra los Estados miembro por “violar los derechos humanos” y por “incumplir la legislación internacional”.
La formación española Izquierda Unida ya ha comenzado a “estudiar los cauces legales necesarios” para actuar contra el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y contra el Consejo Europeo.
“La firma de este acuerdo pone en riesgo la vida de millones de personas. Es un acuerdo que incumple claramente la legalidad internacional y por eso creemos que Rajoy y el Consejo son responsables de la vulneración de los derechos humanos y las muertes que se van a producir”, ha afirmado la portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, a través de un comunicado.
Desde la formación que lidera Alberto Garzón ha indicado que el texto definitivo viola “al menos” la Convención de Ginebra para los Refugiados, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los propios Tratados de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales e incluso las Constituciones de los Estados miembros.
En este sentido, Garzón ha lamentado que Rajoy esté otorgando a Turquía “el papel que desde hace años le ha concedido a Marruecos: ser el guardia de fronteras de la UE, mirando a otro lado cuando se violan los derechos humanos”. Y a pesar de esto, ha argumentado, no se va a conseguir a las personas dejen de llegar a Europa, porque sólo está pensado para sea Turquía quien “se manche las manos de sangre, a cambio de una promesa para acelerar su entrada en la UE”.
Por su parte, Save the Children ha arremetido contra los Veintiocho por legislar para proteger sus fronteras en vez de para salvar la gente. “Los Estados miembros de la UE insisten en cerrar las fronteras y controlar los flujos migratorios en lugar de respetar los derechos de los niños que huyen de la guerra, la violencia y la persecución”, han asegurado a través de un comunicado.
Y es que, según los datos de Acnur –la ONG de la ONU para los refugiados-, mueren una media de dos niños al día intentando cruzar el Mediterráneo. Una cifra que los mandatarios europeos no están intentando reducir, sino la de los más de dos millones de refugiados que ya se encuentran en suelo comunitario.
“Las políticas de contención no funcionan”, han sentenciado, señalado que mientras tanto “son los niños los que están pagando el precio más alto de la inacción europea, que les ha dejado bloqueados en las fronteras con poco o ningún acceso a servicios básicos, en riesgo de ser separados de sus padres y caer en las redes de trata”.
Oxfam Intermón ha visto sus esfuerzos frustrados. De nada han servido las 100.000 firmas que presentaron en el Congreso contrarias al pacto con Turquía, ni los compromisos de la mayoría de los grupos con luchar por los derechos de los refugiados.
“Le pedimos al Gobierno en funciones que exija a la Unión Europea la legalidad internacional y la protección de los Derechos Humanos. Además, recordamos al resto de partidos políticos con representación en el Congreso que se han comprometido con las recomendaciones de Oxfam Intermón y que por ello deben garantizar los derechos de los refugiados y migrantes”, han indicado en un comunicado.
Porque, según han subrayado, “la Unión Europea tiene capacidad suficiente para acoger a las miles de personas que solicitan asilo, además del deber moral, como garante de los Derechos Humanos. Sin embargo, le devuelve la responsabilidad a países como Turquía que ya acoge a más de 2,5 millones de refugiados”.
