Un monitoreo sobre el Gran Chaco Americano que realizó en noviembre de 2015 la ONG Guyrá Paraguay documente se desmontaron 34.858 hectáreas en la región, lo que representa un promedio diario de 1.162 ha. y equivale a más de 1.7 veces la ciudad de Buenos Aires.El estudio precisa que de las 34.858 ha que registraron cambios en el uso de los suelos en noviembre, Paraguay registró el mayor porcentaje de deforestación con 55 % de áreas de desmonte (el promedio fue de 638 ha/día), seguido por Argentina con 31 % (367 ha/día); mientras que en Bolivia el porcentaje de cambio registrado fue del 14 %.
De acuerdo a los datos suministrados por la ONG paraguaya, la deforestación fue detectada en octubre de 2015 y se concentró en los departamentos Brown y Güemes, que forman parte del Chaco Seco y, según el mapa del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN), pertenecen a la zona amarilla, la cual implica prohibición de desmonte.
Puntualmente, los desmontes se concentraron entre las localidades de Taco Pozo y Fuerte Esperanza, tal como había sucedido anterioriormente.
Críticas
Los desmontes no solo son ilegales, ya que incumplen con un sistema legal de nivel nacional, sino que además potencia el impacto ambiental negativo sobre una de las regiones más frágiles de Chaco.
A través de un comunicado, el Centro de Estudios e Investigación Social, Nelson Mandela, de la ciudad de Resistencia, salió a cuestionar en duros términos a la gestión actual de la Dirección de Bosques, a cargo de Emanuel Carrocino, a quien acusó de dirigir “una estructura administrativa totalmente burocratizada e ineficiente”, pese a que “muchos agentes y funcionarios cobran abultados sueldos”, según aseguraron.
“Algunos contratados, con sus autos particulares, cobran viáticos irregulares. Se hace figurar que tales viáticos son percibidos por personal de planta permanente.
En teoría, serían siete las camionetas que como máximo se destinan para recorren los campos, cuando en realidad Bosques tiene una flota nutrida”, indicaron y añadieron que “varios automotores son utilizados para su provecho por funcionarios que nunca salen a hacer recorridos preventivos”.
También descartaron que falta combustible sea una excusa para efectuar las inspecciones, dado que la Dirección de Bosques generó ingresos récords en los últimos tiempos. Para el Centro de DDHH, “no se combate el intenso flagelo del tráfico de madera ilegal producto de la permeabilidad del sistema de control, del tráfico de influencias y de la corrupción”, denunciaron.
Por otra parte, afirmaron que entre las 55 personas que habría contratado Carrocino durante su gestión, se encuentra un oficial de la policía rural que es retirado y de su extrema confianza, que está en la mira por contratar a familiares y amigos, por lo cual a principio de febrero el director de Bosques fue convocado por el Ministro de la Producción para que justifique estas irregularidades.
“Entran guías falsas desde Salta y Santa Fe. Funcionarios ya fueron penalmente denunciados. Uno de ellos cobraba cheques para otro funcionario que ya no está en la Dirección de Bosques. Compran campos que ponen a nombre de sus hijos. Ciertos permisos otorgados por el organismo fueron autorizados por teléfono, según quién era el productor interesado. Se quemaron auditorias y desaparecieron expedientes. La delegación de Machagai es un punto estratégico, que está fuera de control”, afirmaron desde el Centro Mandela.
“Según Carrocino, sus empleados trabajan cuando en realidad es muy poco lo que se gestiona bien en Bosques”, finalizaron.
