La Corte sudafricana ha dictaminado este jueves que el presidente usó dinero público para realizar reformas en su residencia privada y le ha pedido que lo devuelva.
"El presidente debe pagar el monto fijado por el Tesoro Nacional", ha afirmado el presidente del tribunal, Mogoeng Mogoeng, y ha estimado que Zuma no había "respetado ni defendido ni seguido la Constitución".
El veredicto podría debilitar de forma significativa al presidente, que afronta varias acusaciones sobre malas prácticas en los niveles más altos del gobierno.
El principal grupo de oposición, la Alianza Democrática, ha aprovechado la sentencia y ha indicado que comenzaría de inmediato un proceso de impugnación contra Zuma. Aunque el Parlamento tiene poder para destituirle, los legisladores del partido en el gobierno ya derrotaron una moción de censura contra Zuma este año.
El juez también ha afirmado que el Parlamento, dominado por el partido gobernante no cumplió sus obligaciones al no exigir responsabilidades a Zuma en el escándalo de gastos.
El llamado escándalo Nkandla --el nombre del pequeño pueblo donde se encuentra la residencia privada del presidente-- se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el jefe de Estado y en un símbolo de las acusaciones de corrupción contra su gobierno y su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC).
Zuma se negaba desde hace meses a devolver un solo centavo de los 220 millones de rands que gastó (unos 20 millones de euros). Pero en febrero aceptó reembolsar una parte del dinero.
El presidente sudafricano, además, se enfrenta a la crisis generada por la mala situación de la economía y a otras acusaciones de corrupción.
