El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que observa la Convención contra la Tortura, en su última visita a la monarquía saudí desde 2002, llamó el viernes a las autoridades saudíes a detener los castigos corporales, entre los que se encuentran palizas y amputaciones.
El Comité contra la Tortura, que supervisa los países aproximadamente cada cinco años, no ha podido realizar sus investigaciones en Arabia Saudí debido a la negativa del régimen de Al Saud a hacer entrega de su informe durante diez años.
Esa instancia internacional manifestó su profunda preocupación por el trato violento al que son sometidos blogueros, activistas y defensores de los Derechos Humanos.
Felice Gaer, una miembro del citado Comité, dijo que esa entidad accede a informes que indican que un gran número de sospechosos habían sido torturados y habían sido objeto de un trato violento durante el interrogatorio, y todo ello ante el total silencio de los jueces saudíes.
Gaer hizo referencia al caso del activista y bloguero saudí Raif Badawi, encarcelado por reprobar la ideología extremista wahabí y supuestos insultos a clérigos wahabíes y críticas a la "policía de la moral" saudí en su blog.
Badawi, premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2015, cumple actualmente una condena de diez años de prisión y, además, fue condenado en septiembre de 2014 a mil azotes.
El activista saudí, de 31 años de edad y padre de tres hijos, recibió en enero de 2015 los primeros 50 latigazos dictados en su condena, lo que provocó fuertes críticas al estado de los derechos humanos en el reino saudí, incluidas las leyes restrictivas referentes a la expresión política y la situación de las mujeres.
Gaer mencionó también muchos casos en los que los activistas pro Derechos Humanos saudíes han sido privados de su libertad por diversas acusaciones. El periodista Alaa Brinyi, condenado a cinco años de cárcel por supuestamente insultar a las autoridades saudíes en Twitter, es uno de los casos más recientes, según Gaer.
Otro cargo que se le imputaba a Brinyi era acusar a la Policía de Arabia Saudí del asesinato de manifestantes en la región de mayoría chií Al-Awamiya (este), donde los saudíes celebran frecuentemente protestas contra la monarquía.
Amnistía Internacional (AI) tachó de “vergonzosa” la pena de prisión contra Briny y denunció que Riad busca acallar las voces de todos los opositores.
Las organizaciones pro Derechos Humanos, incluida AI, consideran “horrible” la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí y han criticado las medidas represivas del gobernante régimen de Al Saud contra los opositores.
