“Brasil ya superó momentos difíciles haciendo pactos. Pero ningún entendimiento prosperará si no tiene como premisa el respeto a la legalidad y a la democracia. Y la primera premisa debe ser la defensa de la voluntad popular manifestada por el voto, el impeachment es un insulto a los 54 millones que votaron por mí”, dijo la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT) en un acto en la sede de Gobierno.
Rousseff propuso una fórmula de diálogo a ciertos grupos de la oposición, faltando diez días para la posible votación del impeachment en el Plenario de Diputados. Un acontecimiento concebido como batalla final por parte de las facciones más extremistas, encarnadas en la figura de Eduardo Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), socio del vicepresidente y aspirante a sucesor de Dilma, Michel Temer.
Por su parte, el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, presentó la defensa de la presidenta ante una comisión parlamentaria que debate si será sometida a un juicio político y atribuyó todo el proceso a una "venganza".
Cardozo recalcó que el juicio político solicitado por la derecha brasileña y aprobado en diciembre de 2015 por Cunha está viciado por represalia y presenta errores conceptuales, por lo que es completamente ilegal.
Anunció que si el Gobierno percibe que el juicio a la mandataria es “irreversible”, apelará a la Corte Suprema, sobre la que dijo que “sin ninguna duda aceptará” sus alegatos. Así mismo, señaló que el procedimiento no se abrió por el ejercicio normal de la competencia legal y constitucional de los diputados, sino que se abrió como una venganza hacia la mandataria, para procurar el fin de su mandato.
Dilma Rousseff es acusada de maquillar las cuentas públicas para reducir el impacto de la crisis económica en el año de su reelección. Si es destituida, será reemplazada por su vicepresidente centrista, Michel Temer, que se ha convertido en su mayor opositor. Tanto Rousseff como Temer enfrentan un proceso ante la autoridad electoral por denuncias de que su campaña fue financiada con dinero del megafraude a la estatal Petrobras. Ese proceso podría llevar a la anulación de los comicios de 2014 y a la convocatoria de nuevas elecciones.
Rousseff busca consensos para superar el impeachment, que siempre denunció como una tentativa de “golpe de Estado” que desmoraliza a la democracia.
