Los manifestantes bautizaron con el nombre de “guardapolvazo” a la marcha que tiene previsto acudir a la sede del Ministerio de Educación y a la Legislatura.
“No estamos en contra del gobierno ni de los gremios, pero queremos educación para nuestros hijos”, avisaron desde la organización de la protesta.
Por su parte, el ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, se reunió con los defensores públicos de la Justicia provincial y prometió “soluciones concretas” para restablecer el servicio educativo en las escuelas que todavía no comenzaron el ciclo lectivo.
Los gremios mantienen un acampe frente a la casa de gobierno fueguina, y el lunes realizaron una movilización en Río Grande, hasta la sede de la Cámara de Apelaciones, donde se tramita un recurso contra la decisión del juez Electoral que declaró “inadmisible” la utilización del mecanismo de iniciativa popular para promover la derogación de las leyes cuestionadas.
Los sindicatos juntaron 20.000 firmas contras las normas y quieren forzar a la Legislatura a que trate su derogación, pero hasta ahora la Justicia opinó que el tenor de las leyes no habilita el instituto participativo establecido en la Constitución local.
Los estatales fueron recibidos por uno de los jueces de la Cámara, Ernesto Loffler, quien les prometió celeridad en la resolución del caso.
Las normas que cuestionan los gremios modificaron las condiciones de acceso a la jubilación, declararon la emergencia del sistema previsional, fijaron aportes especiales para jubilados y trabajadores en actividad, y establecieron modificaciones impositivas, entre otros puntos.
