"No debemos estar en silencio sobre violaciones de los derechos fundamentales en Turquía sólo porque estamos cooperando en la cuestión de los refugiados", ha declarado Schulz, el domingo en una entrevista con el diario aleman Bild am Sonntag.
"No debemos estar en silencio sobre violaciones de los derechos fundamentales en Turquía sólo porque estamos cooperando en la cuestión de los refugiados", ha declarado el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.
Sino todo lo contrario —prosigue Schultz— se deben denunciar tales violaciones y estar en permanente diálogo con el Gobierno de Turquía sobre la libertad de expresión y derechos humanos en este país.
Estas palabras del presidente de Parlamento Europeo (PE) muestran el apoyo a uno de sus miembros, Alemania, cuyo embajador fue convocado por Ankara para presentar quejas formales y pedir el retiro del aire de un video musical germano en el que se satiriza al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
No obstante, el representante alemán indicó a la Cancillería turca que en su país la sátira política está protegida por la libertad de prensa y de expresión y que el gobierno federal no tenía ni la necesidad ni potestad de tomar medidas al respecto.
"Es inaceptable que el presidente de otro país exija que restrinjan los derechos democráticos en Alemania porque siente que fue caricaturizado", ha comentado Schulz.
El Gobierno de Ankara es conocido por su trato represor a los medios de comunicación críticos, así como parlamentarios, académicos, abogados y ONG.
Recientemente, los líderes de la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, para deportar a Turquía a todos los migrantes irregulares, incluidos los refugiados sirios que arriban las costas de las islas griegas por el mar Egeo.
No obstante, el acuerdo entre la UE y Turquía, ha provocado fuertes reacciones de las agencias de ayuda y grupos de derechos humanos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la ONG británica Save the Children, y Amnistía Internacional (AI), que han dudado sobre su legalidad.
