En una carta a Lorenzetti -que lleva la firma también del legislador de la CC-ARI Fernando Sánchez-, Carrió subrayó la "importancia" de que "todo funcionario" haga "público su patrimonio" y consideró que no existen "motivos para una respuesta negativa a la requisitoria".
"Ayuda a afianzar la justicia y a generar confianza en la ciudadanía en relación a los miembros de ese poder del Estado que deciden sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos”, destacó la diputada en su escrito y argumentó que su pedido “tiene sustento en el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".
El pedido alcanza a todos los ministros de la Corte y a todos los magistrados del orden federal y de todos los fueros, instancias y jurisdicciones, además del secretario general de administración y el titular del comité de Inversiones y Alquileres.
Por otro lado, los legisladores de Cambiemos solicitaron al Consejo de la Magistratura información sobre las "empresas contratadas para la ejecución de obras y prestación de servicios por el Comité de Inversiones y Alquileres dependiente de la Comisión de Administración y Financiera" de ese cuerpo.
“Como es de conocimiento público, en la actualidad están saliendo a la luz diversos casos de corrupción, no sólo de personas vinculadas al poder sino, aún peor, de diversas empresas conformadas con el único fin de estafar al erario público; es necesario que todas las contrataciones que se realizan desde cualquiera organismo público sean transparentes y de fácil acceso a la sociedad”, fundamentó.
El punteo de información incluye el "estado de ejecución de las obras pendientes realizadas en los últimos diez años con el mayor grado de detalle posible; los pagos realizados por cualquier concepto respecto de esas obras; las empresas adjudicatarias, los proveedores y el método de adjudicación de cada obra pública".
