Esta mala decisión pone al gobierno panameño dirigido por Juan Carlos Varela, en la mira de los ciudadanos y medios de comunicación como el continuismo de la represión ejercida por el ex mandatario Ricardo Martinelli. Dicha posición, coincide con organizaciones que fueron afectadas en las represivas acciones por agentes antidisturbios en la lucha contra la minería el pasado 5 de febrero del 2012.
Esta escena, nos muestra el cinismo, la falta de moral y principios humanos, con que representantes del gobierno hacen uso de justificados argumentos para evacuar y proteger a los indígenas de la inundación, así como de hacer pruebas para medir el grado de calidad del proyecto. Y así demostrar una vez cumplido el llenado de la represa, que es viable proceder con la operación de la hidroeléctrica Barro Blanco.
Proyecto ensamblado, y generado de las grandes mesas del capitalismo voraz, causante de la crisis ambiental global, que paso de ser Plan Puebla Panamá PPP a Iniciativa Mesoamericana, cuyo objetivo es la expansión y mercadeo del capital energético en la región.
Así, pese a demandas, denuncias, querellas penales, acciones administrativas, amparos y demás instrumentos legales nacionales como internacionales, el capital logro secuestrar la magistratura de la justicia, para obedecer al falso argumento de la necesidad social nacional. Máxime, a la carencia de transparencia, la corrupción rampante y justicia tardía, el Estado de Derecho se queda en un eslogan más de los estudios académicos y fantasías desmontada. Así quedo demostrado, cuando Shucri Luis Kafie, miembro de la junta directiva de la empresa Generadora del Istmo S.A GENISA, está preso en Honduras por el escándalo de corrupción del seguro social hondureño. Y que el gobierno panameño ni se inmuto a investigar al expresado directivo.
Y que decir, de los programas que mantiene las Naciones Unidas ONU como son los REDD (Reducción de Emisiones, Degradación y Deforestación) y MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), que son otra justificada acción de caridad verde, para que las transnacionales del comercio libre, siembre sus tentáculos del extractivismo de las tierras y aguas, cuyo efectos posteriores son el desplazamientos de los pueblos originarios y campesinos.
Y así se violan los derechos territoriales y ancestrales en tiempos del neocolonialismo, en donde la consulta previa, libre e informada queda sin efectos como sucedió en el incumplieron normas ambientales y de derechos humanos, en el financiamiento otorgado a la empresa GENISA por parte del Banco FMO, y el Banco alemán DGA.
Todas estas conductas de parte del gobierno, empresa, y bancos, han hecho más fuerte al pueblo indígena Ngäbé Büglé, cuando el llamado a la acción y unidad, comunidades de las tres regiones de la comarca indígena, salieron a protestar y bloquear las vías aledañas como repudio a la empresa hidroeléctrica Barro Blanco. Así la movilización en el sector de Gualaquita, en la carretera de Chiriquí Grande y Almirante en la provincia de Bocas del Toro. Que también denunciaban la desquiciada orden de desalojo, y la falta de notificación oficial del periodo de pruebas de la central hidroeléctrica Barro Blanco.
En donde, el personal de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), de la oficina de seguridad del Cuerpo de Bomberos y del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) inspeccionaron el lugar para proceder el martes 24 de mayo el llenado del embalse. Que posteriormente en junio se lograría el nivel máximo de inundación. Luego, en agosto ya debe estar el embalse en su nivel mínimo.
Y así una vez más el capital transnacional extractivo y genocida, acaba con los últimos pueblos indígenas de Panamá y América. En donde el interés privado, sopla a favor de la acumulación de riqueza en manos de la clase más pudiente de la región.
