Claudia fue detenida, mientras trabajaba en la “zona roja” de La Plata, en la madrugada del 12 de abril del 2014. La detuvieron cuando se iba en la moto de un cliente, y sin orden judicial la trasladaron y, la requisaron, mediante prácticas vejatorias, las cuales se han convertido en un hábito ultrajante por parte de las fuerzas policiales.
Aquí es donde le encuentran 9 envoltorios con 3,5 gramos de cocaína, que los reconoció como propios. Esta fue la justificación que utilizaron la Justicia y la policía para armarle una causa por venta de estupefacientes. Tras haber pasado dos años con prisión domiciliaria, el fiscal Martin Chiorazzi junto al Juez Juan José Ruiz, emitieron un fallo que la condenó a cinco años prisión marcando como un agravante, a partir de fundamentos retrógrados, su condición de extranjera.
En este sentido, la sentencia realizada por el juez Juan José Ruiz, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº1, difundida el pasado martes 10 del corriente, remarca y profundiza una posición transfóbica y xenofóbica. En los fundamentos, Tergiversa el preámbulo de la Constitución, y de forma mal intencionada, se justifica diciendo que algunos somos más iguales que otros frente al principio de igualdad ante la ley.
A esto se le suma también, la intimación le hace a la Dirección Nacional de Migraciones, a la que llama a constatar la situación legal en que se encuentran los ciudadanos que ofrecen servicio en la denominada “Zona Roja”.
Basta de criminalizar a la comunidad trans migrante
Ante este fallo contradictorio, arbitrario y discriminatorio, un grupo de asociaciones y organizaciones Lgtb de La Plata, se juntaron, unificaron y armaron el frente de organizaciones Lgtb. Su objetivo en principio reclamar contra la sentencia discriminatoria contra Claudia, la constante violencia que viven las trabajadoras trans en la zona de trabajo, el armado de causas, las detenciones arbitrarias, y la invisibilización de la Ley de identidad de género. En la movilización a la sede de las Fiscalías platenses se sumó además el pedido de Jury al Juez y al fiscal de la causa, la recaratulización y la liberación de la detenida.
En este aspecto, las participantes de la marcha agregaron que la causa fue mal caratulada, ya que la compañera había manifestado que era para consumo personal, y además es un delito que no se pudo probar; que el proceso policial fue terrible y que el testigo fue un policía. Entonces, pidieron que se revea la causa, y reclamaron también, la persecución policial que viven quienes trabajan en la zona roja, exigiendo la implementación de la ley de cupo laboral trans en la Provincia y la reglamentación y sanción del proyecto de ciudadanía presentado en el Municipio de La Plata.
A su vez, se repudió en el acto al Diario el Día, con respecto a su discurso de orden moral, generando y alimentando la estigmatización contra este colectivo.
Tras la movilización, el reclamo y el acompañamiento de las Abogadas de Claudia (Josefina Rodrigo y Carolina Grassi), la Sala Tercera le devolvió el arresto domiciliario, ya que ella todavía goza de la presunción de inocencia.
En ese sentido, Josefina Rodrigo remarcó sobre el final del acto: “La sentencia está recurrida ante el tribunal de Casación, todavía no presentamos el recurso pero estamos en plazo de hacerlo, así que esperamos ahí tener un buen resultado. No solamente por todas estas cuestiones que ustedes están diciendo, de la persecución que sufren las personas trans con la militarización de la zona roja, con la persecución policial, el atropello. Sino porque nosotros entendemos que hay derechos que a ella como persona se le han ocultado en esa sentencia, que la han despojado del acceso a sus derechos por su condición de peruana, pero también resaltamos la importancia de que la justicia no se puede expedir así nomas y pedir cualquier pena por un delito que no se probó en el juicio”.
“Entonces es tan importante una cosa como la otra, por supuesto que el tema de la discriminación, la xenofobia, la transfobia, es importante, pero también cuando una persona vive un proceso penal acusada de un delito, ese delito se debe probar; y para una pena de 5 años y 3 meses por un 1,6 gramo de cocaína, es muy grave y esto también en democracia es por lo que tenemos que pelear, porque los delitos se prueben, que para eso están los juicios orales”, señaló y luego finalizo: “Así que nosotros les agradecemos el apoyo, la comunicación que han tenido conmigo y con Carolina Grassi, el apoyo a Claudia porque ha sido re importante para ella contar con todos ustedes y todas ustedes, y bueno nos seguimos encontrando en la lucha y porque el acceso a los derechos para las personas trans y para cualquier persona estigmatizada y criminalizada sea un hecho".
(ANRed)
