La razón es que bajo la aceptación general que suelen generar medidas como el pago de las sentencias a los jubilados y mejora de sus haberes, el Poder Ejecutivo presentó una ley que trata al menos cinco cuestiones diferentes: el tema de los jubilados, el blanqueo de capitales, una reforma impositiva regresiva y el acuerdo con provincias para devolverles la detracción del 15% de la masa coparticipable destinada a la ANSES.
Por su envergadura, cada uno de los temas debería tratarse separadamente como leyes particulares, para darle el necesario tiempo de discusión y que la misma se realice en las comisiones específicas.
Por ejemplo, el blanqueo no pasa por la Comisión de Finanzas, o el acuerdo con provincias no ingresa por el Senado, como debería ser. Si bien algunas de estas cuestiones pueden parecer técnicas, están debilitando la calidad institucional, objetivo que los diputados de Cambiemos dicen defender y que fue uno de los ejes de su campaña electoral.
Al estudiar el texto siguen surgiendo sorpresas. La “reparación histórica” a jubilados posee un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la “emergencia en materia de litigiosidad previsional”, dando cuenta de que el objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio.
Se propone así el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles una actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de los retroactivos, así como el haber que cobrarán. El juez dictamina un monto y el Estado paga una suma menor. Por eso se les exige que firmen un “acuerdo transaccional”.
Pero la litigiosidad probablemente seguirá, puesto que los derechos previsionales son irrenunciables. Además, no se trata de un mutuo acuerdo, porque el jubilado está presionado a aceptarlo por su propia situación. O cobra con el descuento que dan hoy, o el limbo.
Por la aplicación de ese ajuste inferior al que vienen dictaminando los jueces, también se efectúan descuentos en las actualizaciones a quienes tienen juicios sin sentencia firme y a los que no iniciaron juicio pero están en condiciones de cobrar. Debe aclararse una cuestión esencial: estos recálculos alcanzarían estimativamente a sólo un tercio de los jubilados.
Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la “pensión universal para el adulto mayor” un haber no contributivo y vitalicio, fijado en un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando “jubilados de segunda”. La moratoria previsional es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es el caso de la pensión universal macrista.
También se modifican las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.
Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años, elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo, integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.
Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles de gestión de los recursos previsionales.
Por otra parte, el blanqueo fiscal tiene una característica única: no se requiere la repatriación de los capitales declarados, una exigencia ineludible en los últimos regímenes de exteriorización.
Todos los beneficios son para los que exteriorizan,
Se plantea, además, una reforma tributaria regresiva, puesto que se bajan las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales y se lo elimina totalmente a partir de 2019, y se exime del Impuesto a las Ganancias la renta de las acciones de empresas, entre otros.
El Impuesto a las Ganancias sobre las rentas del trabajo no sufre modificación alguna. La propuesta del Ejecutivo no sólo posee una regresividad total, sino que implica una cesión de ingresos fiscales al segmento de mayores ingresos, mientras se sostiene que no había otra alternativa a los fortísimos aumentos en las tarifas (que tuvieron que sufrir algún recorte por la presión popular). Se elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tema que favorece a las PyMEs, al igual que la moratoria impositiva.
Se incluye también la aprobación del convenio entre Nación y provincias para la devolución del 15%, asunto que ya se trató en esta columna.
Imposible resumir la gran cantidad de temas que se tratan y normativa que se modifica, y no puede descartarse que surjan nuevas sorpresas. Lo que queda claro es que el gobierno de Mauricio Macri está decidido a cambiar la estructura económica y normativa, virando hacia la esencia del modelo de los noventa. El único freno a esta orientación será la voluntad popular mayoritaria.
Regreso al “primer mundo”
El gobierno se sigue moviendo intensamente para integrarse de forma plena al concierto internacional neoliberal.
El presidente Macri viajará a Chile al encuentro de la Alianza del Pacífico (que, además del anfitrión, integran Perú, Colombia y México). Las actuales autoridades siguen jugando sus cartas para ingresar al bloque, en principio como observador.
Según la Canciller Susana Malcorra, no existe una dicotomía con el MERCOSUR, ya que de allí parte la integración “que es central para nuestra capacidad de insertarnos en el mundo”, una visión en la que prevalecen los lazos comerciales, y no de otra índole, ya que, en sus palabras, “plantearnos como mercado integrado nos da oportunidad de negociar muy grande”.
No hay que perder de vista el pedido del gobierno de Brasil para que los países miembro puedan negociar por su cuenta. Con o sin MERCOSUR, la Alianza del Pacífico es una amenaza cada vez más concreta de la misma forma que también lo sería el NAFTA, por añadidura, dado que México participa de ambos acuerdos.
No deja de ser paradójico que todo lo anterior ocurra mientras el FMI sigue reconociendo los efectos de la agenda ortodoxa. En Finanzas y Desarrollo (F&D), una de sus principales publicaciones, señala: “Hay aspectos de la agenda neoliberal (así la llaman ellos) que no han resultado según lo esperado”.
Las principales conclusiones son:
1) “Los beneficios en términos de incremento del crecimiento parecen difíciles de establecerse”
2) “Los costos en términos de incremento de la desigualdad son prominentes”
3) “El incremento de la desigualdad a su vez daña el nivel y la sustentabilidad del crecimiento.
Las estrategias de consolidación fiscal –cuando son necesarias- podrían estar diseñadas para minimizar el impacto en los grupos de menor ingreso. Pero, en algunos casos, las consecuencias distributivas tendrán que ser remediadas luego que ocurran, utilizando impuestos y gasto de gobierno para redistribuir ingresos”.
Diagnósticos cada vez más acertados, pero que a la hora de la praxis sólo derivan en la utilización de herramientas compensatorias para morigerar los impactos de las “bombas” que lanza el aparato neoliberal. Una conclusión que explica parte de la agenda social que muestra en estos días el gobierno nacional.
*Por Carlos Heller, diputado nacional
