"El objetivo es tener en góndola productos certificados como 'libres de trabajo infantil' para que los consumidores podamos elegir, estos productos costarían unos centavos más y el dinero iría directamente al salario de los cosecheros para que no tengan que llevar a toda su familia a trabajar a los campos", explicó a Télam Patricia Ocampo, referente de la ONG.
La lucha de esta ONG comenzó en 2013, cuando tres niños de 13, 14 y 17 años que viajaba junto a sus padres y otros chicos en un camión rumbo a un yerbal, murieron en un accidente.
La primera iniciativa fue crear una Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, desde donde buscaron generar políticas públicas sin demasiado éxito, por lo que decidieron encarar la elaboración de un proyecto de ley nacional que apuntara a duplicar el salario de los tareferos.
"Las familias llevan a sus niños porque no pueden mantener dos viviendas y porque les pagan por lo que cosechan, 500 pesos por tonelada; Trabajando entre 10 y 12 horas por día llegan a los 300 kilos", dijo Ocampo.
"Se quedan en los yerbales entre 15 días y un mes viviendo en carpa, haciendo sus necesidades en el monte. Dentro del campo le venden la comida y otros productos básicos a precios más altos para que siempre estén endeudados y tenerlos como rehenes", agregó.
El trabajo de cosecheros se transmite de padres a hijos, los niños comienzan como un juego pero luego se convierte en un trabajo, lo mismo que sucedió con sus los padres, contó Patricia Ocampo, que es de Misiones y conoce los yerbales desde niña.
El proyecto, cuya autora original es la diputada mandato cumplido Julia Perié, del Frente para la Victoria, fue reimpulsado por las legisladoras de Cambiemos para que no pierda estado parlamentario y presentado en diciembre último con el objetivo de que sea aprobado este año; sin embargo, aún se encuentra en la comisión de Niñez y Familia, la primera que debe evaluarlo.
"La ley dice que los niños deben estar en la escuela, el Estado debe hacerse responsable de aquellos chicos que por necesidades y mandatos culturales salen a trabajar", dijo Patricia Giménez, diputada nacional por Mendoza.
La legisladora agregó que si bien el mate fue el disparador, "hay trabajo infantil en olivo, tabaco, papa, vid y otros", y que "todos los productos que se venden en supermercados y almacenes deberían contener la denominación 'libre de trabajo infantil'".
El proyecto prevé que las universidades sean las encargadas de supervisar que los yerbales no tengan trabajo infantil y otorgar el certificado, y para apoyar su aprobación se puede firmar el petitorio en www.change.org/p/yerba-mate-sin-trabajo-infantil-jorgetriaca.
En Argentina, se estima que el 2 por ciento de los niños de entre 5 y 13 años es empleado en alguna actividad económica, porcentaje que asciende al 7.5 para los niños de entre 14 y 16 años, informó la Federación Argentina de Empresas Trabajo Temporario (FAETT), integrante de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil.
Desde 2002, la Organización Internacional del Trabajo conmemora el 12 de junio el Día Mundial de la lucha contra el trabajo infantil, que se define todo actividad laboral económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo (fijada en 16 años según la Ley 26.390), que no hayan finalizado la escolaridad obligatoria o que no hayan cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.
"Los niños en situación de trabajo infantil se encuentran en todas las etapas de las cadenas de producción, sin excluir el sector de la agricultura, la industria manufacturera y la venta al por menor; es responsabilidad de todas las organizaciones, sin importar su tamaño, asegurar que no exista trabajo infantil en sus instalaciones o como producto de sus operaciones", declaró la FAETT en un comunicado.
Según esta entidad, el empleo informal alcanza en Argentina más del 30 por ciento, y en este sentido, sus autoridades consideraron que "un empleo estable y regularizado es una herramienta vital para el fortalecimiento de la estructura familiar y garantizar un contexto de seguridad donde los padres puedan asegurar el desarrollo y la formación adecuada de sus hijos".
"Uno de cada cuatro jóvenes contratados a través de empresas de servicios eventuales proviene de una situación de precariedad", señaló Ricardo Wachowicz, titular de FAETT.
