En diciembre pasado, el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, designó al economista Andrés Chambouleyron para presidir la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria. Su primera aparición pública data de la conferencia de prensa del 29 de enero con motivo de anunciarse formalmente el tarifazo eléctrico.
Su más reciente aparición coincide con la presentación de Aranguren en el Senado justificando ese mismo tarifazo, casi cinco meses más tarde y con consecuencias irreversibles para miles de pequeños y medianos comercios, PyMEs y clubes de barrio a lo largo y ancho del país.
La abrupta aparición del flagelo de la pobreza energética en la Argentina, flagelo que ya perjudica a millones de hogares, es también consecuencia de la designación y el accionar de Chambouleyron.
Según el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), el 10 veces testigo experto de parte de empresas extranjeras que enjuiciaron al Estado nacional ante el CIADI y lesionaron o intentaron lesionar el patrimonio público de todos los argentinos, explicándole a la sociedad los "beneficios" de la nueva medida tarifaria, el 29 de enero de 2016.
El informe del OETEC demuestra que el referido funcionario actuó como "testigo experto" de parte de sendas empresas extranjeras en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el CIADI. Dicha labor fue confirmada por el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, durante la exposición que brindara en el Parlamento Nacional con motivo del primer informe de gestión de la administración Macri.
Pero la prueba más contundente sobre el papel de "testigo experto" de Chambouleyron contra el país y su pueblo, en el contexto de un profuso trabajo de lobby mediático, proviene, como demuestra el informe del OETEC, no sólo del portal de la firma de abogados para la que solía trabajar sino también del propio CV del funcionario del Ministerio de Energía.
En efecto, leemos de la biografía publicada en el portal de Compass Lexecon -y que fuera prolijamente eliminada meses atrás- que Chambouleyron "... ha participado en más de veinte casos de arbitraje en inversión a nivel CIADI, la UNCITRAL y el TLCAN, tanto como encargado del caso como también experto, en los cuales evaluó daños y proveyó testimonios en calidad de experto para una variedad de empresas en los sectores de agua y saneamiento, distribución eléctrica, telecomunicaciones, petróleo y gas, distribución y transporte de gas, y productos agroquímicos, en los países de América Latina y en Canadá". Del párrafo precedente no se puede conocer si ejerció dicha función en juicios contra su propio país, es decir, la Argentina. Se tendería a creer que no, dado que resulta vergonzoso nombrar como servidor público justamente a quién contribuyó a perjudicar al patrimonio público nacional.
Sin embargo, es a través de su CV personal que podemos conocer su participación como experto contra la Argentina. En él, el actual subsecretario realiza un pormenorizado repaso de todas y cada una de las empresas a las que representó y que demandaron al país. (Fuente: Currículum Vitae del Dr. Chambouleyron publicado en el portal de Compass Lexecon. Página 3).
Sintetizando, el 10 veces testigo experto para cerca de una docena de empresas extranjeras en juicios contra el Estado nacional y el pueblo argentino ante el CIADI, es nada más ni nada menos que el Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Planificación. Su designación fue oficializada por medio del Decreto 271/2015 del 29 de diciembre de 2015, mientras que las funciones de su dependencia con el Decreto 231/2015, del 22 del mismo mes.
Los objetivos de la cartera a su cargo son, conforme la referida norma: "1. Asistir al Ministro en la coordinación de políticas de precios y tarifas de energía y servicios públicos vinculados al área energética; 2. Coordinar las relaciones con los organismos descentralizados en el ámbito del Ministerio; 3. Coordinar las acciones a efectos de identificar mecanismos de transferencias y subsidios a los sectores carenciados de la sociedad en relación a los servicios públicos vinculados al área energética; y 4. Realizar recomendaciones de política energética interactuando con otras Secretarías y Subsecretarías del Ministerio".
Nos preguntamos al respecto: ¿Acaso no implica insostenibles conflictos de interés conforme la Ley 25.188 de "Ética en el Ejercicio de la Función Pública" el normal ejercicio de sus funciones con su reciente pasado como representante de compañías que demandaron a la Argentina ante el CIADI? Por ejemplo, ¿qué haría Chambouleyron si se topara con alguna empresa directa o indirectamente involucrada con alguna de las firmas por él representadas? Más importante aún: ¿Cómo fue que resolvieron Compass Lexecon y el Ministerio de Energía aquellos casos donde Chambouleyron deba ser consultado por ex colegas de dicho buffet en alguno de los 10 juicios en los que él participó, por más que ya no figure como empleado de Compass?¿Cómo asegurar que, una vez finalizado su cargo de Subsecretario o al momento de presentar una eventual renuncia, no utilice la información confidencial del Estado en contra del propio Estado en futuros juicios, con sus ex colegas de Compass Lexecon, así como en cualquiera de los 10 pasados si es que siguieran vigentes? Vinculado al punto precedente, ¿aseguró el señor Chambouleyron en su contrato con el Estado no volver a oficiar de testigo de parte de empresas contra el mismo Estado hasta el fin de sus días?
El informe del OETEC concluye que la designación de Chambouleyron -como la de tantos otros de parecido historial laboral- es parte de una de las infinitas "señales al mercado" otorgadas por la administración neoliberal de Mauricio Macri a los efectos de captar inversores e inversiones extranjeras pero asegurándoles la mayor de las rentabilidades posibles y la más confiable de las normativas protectoras de sus intereses, activos y futuros pasivos. Ambos beneficios sólo pueden existir en ausencia absoluta de un Estado presente, en presencia absoluta de una ciudadanía ausente ("el pueblo afuera") y de servicios públicos reducidos a simple mercancía.
(Agepeba)
