El documento, titulado "Atrocidades innegables: Confrontando los crímenes de lesa humanidad en México" señala que "existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas" y que hubo un incremento en la tasa de homicidios a partir de 2007, un año después de que el gobierno mexicano desplegara a los militares en el país para combatir el crimen organizado.
"La evidencia sugiere que este incremento se debió a la violencia perpetrada por el crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza", indica el informe elaborado en colaboración con cinco organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos.
Open Society señala que además del Ejército, el cártel de Los Zetas es uno de los principales actores de la violencia y que su "ataque amplio y sistemático dirigido contra la población civil" constituye un delito de lesa humanidad.
Las cifras en las que se basa el informe fueron obtenidas de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Sin embargo, los grupos que elaboraron el documento sostienen que estos datos "destacan por su precariedad y poca fiabilidad", porque subestiman la gravedad de los crímenes.
"Las estadísticas oficiales sobre los asesinatos subestiman el verdadero saldo: decenas de miles de desapariciones siguen sin resolverse y existen cientos de fosas comunes clandestinas que no han sido suficientemente investigadas", agrega.
También critica que existen muy pocas condenas por asesinato y que desde principios de 2007 hasta 2012 sólo uno de cada 10 homicidios terminaba en condena.
A esa situación, Open Society añade que no existe una cifra exacta de las personas desaparecidas desde diciembre de 2006. Pese a que el gobierno establece la cifra en 26.000, el informe considera que es un número "engañoso" porque incluye a personas desaparecidas por motivos no delictivos.
Los grupos defensores de derechos humanos critican que la determinación de responsabilidades en estos crímenes es escasa y "prácticamente inexistente en el caso de desapariciones forzadas", es decir, aquellas cometidas por las fuerzas del orden.
El trabajo, al que accedió la agencia alemana DPA, concluye que estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que algunos grupos y colectivos han enviado comunicados formales a la Corte Penal Internacional para que castigue a los responsables.
En ese sentido, Open Society recomienda al gobierno mexicano "tomar decisiones valientes" como crear equipos de investigación de desapariciones, establecer que los sistemas de protección a testigos sean autónomos y fuera del control de la fiscalía, retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública y regular su uso de la fuerza.
Poco tiempo atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó por enésima vez al gobierno azteca a esclarecer de manera idónea y expeditiva el aberrante caso de repercusión mundial de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida hace más de dos años, al advertir inercia, pasividad y complicidades en una intrincada investigación que fue cuestionada desde todos los ámbitos de poder.
