El martes, Valls recurrió al artículo 49.3 de la Carta Magna para saltarse la votación en esa cámara en su segunda lectura, ante la falta de apoyos a su texto.
El grupo conservador Los Republicanos, liderado por el ex presidente francés Nicolas Sarkozy, renunció el martes, a encabezar ese proceso, y ecologistas, comunistas y socialistas disidentes no consiguieron las 58 firmas necesarias para llevarlo a cabo, según informó la agencia de noticias EFE.
En mayo, una moción presentada por Los Republicanos y el centrista Unión de Demócratas e Independientes (UDI) fue respaldada por 246 de los 288 diputados requeridos, por lo que no salió adelante, mientras que a la oposición de izquierdas le faltó dos firmas para poder lanzar la suya.
"Ya presentamos la moción en primera lectura. Podríamos continuar así indefinidamente. Creo que los franceses ya no aguantan más", dijo el martes el jefe de filas conservador, Christian Jacob, para justificar la decisión de su grupo.
El Partido Socialista, en tanto, había amenazado a sus diputados rebeldes con no presentarlos en las listas para las elecciones legislativas de 2017, e incluso con expulsarlos de la formación, en caso de que boicotearan el plan gubernamental.
El texto debe ir ahora al Senado para una segunda lectura y, si hay discrepancias en esa cámara pasará de nuevo a la Asamblea para su votación definitiva, prevista para el 20 de julio, y en la que el Ejecutivo podría servirse por tercera vez de ese artículo.
Pese a que el gobierno apuesta a que las protestas de los sindicatos, estudiantes y partidos de izquierda -que con fuerza se sucedieron en los últimos meses- decaigan durante el verano, los gremios ya anunciaron que mantendrán acciones puntuales en los peajes -un punto estratégico cuando millones de franceses se vayan a la costa- o alrededor de la popular competencia de ciclismo Tour de France, este mes.
