El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, conjuntamente con el fiscal ad hoc y coordinador de esa Procuraduría especializada, Jose Nebbia, presentaron una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de los funcionarios públicos que correspondan que participaron el 23 de junio del desalojo de trabajadores de la cooperativa “Industrias RB”.
Durante esa jornada, un grupo de 150 personas entre quienes se encontraban miembros de la cooperativa e integrantes de organizaciones políticas y sociales, se congregaron en la puerta de la fábrica ubicada en Panamá 1726, en la localidad bonaerense de Martínez, en el contexto del reclamo que mantienen por la propiedad legal del establecimiento. De acuerdo a los testimonios, un grupo de cooperativistas ingresó al inmueble “con el objeto de resguardar la maquinaria propiedad de la cooperativa”.
Unas horas después, las inmediaciones de la fábrica fueron vaciándose y sólo un grupo de 25 personas permaneció dentro de la planta, rodeados por casi un centenar de policías. Los representantes del MPF manifestaron que los efectivos estaban al tanto de que se encontraban en asamblea decidiendo retirarse de forma pacífica. A pesar de ello, actuaron sin evitar la violencia y procedieron a desalojar, empujar y golpear a los cooperativistas.
La Procuvin destacó que según se desprende de la declaración de los damnificados, el accionar de la fuerza de seguridad provincial resultó “indebido y desproporcionado, sobre todo por la cantidad de manifestantes que quedaban en el interior del predio al momento de comenzar la última represión.”
En la denuncia, los fiscales manifestaron que los uniformados “redujeron a entre 12 y 15 personas, a quienes tiraron al suelo y les propinaron distintos golpes con sus puños, piernas y bastones”. En ese escenario, una de las víctimas relató que, una vez en el suelo, “le pegaron patadas, le pisaron la cabeza y un policía le tapó la nariz lo cual le generó tal desesperación que pensó que también le taparía la boca a efectos de no permitirle respirar”.
Palazzani y Nebbia solicitaron al fiscal Oscar Alfredo Nuñez Barreto de la UFI N°1 descentralizada de San Fernando que se convoque a “declaración testimonial tanto a los denunciantes como a las personas que figuran en el acta firmada por ellos ante esta sede así como a los distintos periodistas que realizaron la cobertura del desalojo de la fábrica durante los mencionados días”, entre otras medidas legales.
