En 2008, se sancionó en Argentina la Ley Nº 23364, cuyo objetivo es la prevención y sanción de la trata de personas y la asistencia a sus víctimas. El Gobierno Nacional informa a través de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que, desde ese entonces, ya fueron rescatadas 9987 víctimas, con un promedio de casi 800 rescates mensuales.
Sin embargo, en contraposición, la dirigente denunció que “el Gobierno Nacional manipula los datos sobre las víctimas” y que “el Estado rescata anualmente a menos del 0,5 % de las personas esclavizadas y que, encima, luego las abandona”.
Además, Gil Lozano reveló que durante los primeros 180 días del año creció un 15,4 % la cantidad de víctimas de este flagelo. Los datos surgen del entrecruzamiento de denuncias oficiales e informales obtenidas a través de un relevamiento realizado por su equipo de trabajo sobre diferentes Ongs de lucha de todo el país. El sondeo arroja que la cantidad de víctimas en la Argentina asciende a más de seiscientas mil.
Al respecto, la parlamentaria internacional consideró que muchos de los problemas se deben precisamente al modo parcial en que el Gobierno anterior reglamentó la Ley de trata de personas porque explicó que “hay muchos aspectos que involucran a las víctimas que no están debidamente contemplados en el dictado del decreto que se venía reclamando”.
En primer lugar, Gil Lozano explicó que si bien el Artículo 18 habilita el funcionamiento del Consejo Federal, se observa con sorpresa que el Art. 19 (que permitiría la incorporación) no ha sido reglamentado, por lo cual consideró que entonces “el ingreso de las organizaciones sociales a este Consejo deviene en una ficción”.
La referente Massista también detalló que “ni desde el Kirchnerismo ni desde el Macrismo se ha regulado, soslayando la importancia vital para la construcción de un proyecto de vida para las víctimas, un compendio de aspectos vinculados a la reinserción (contemplando la asistencia psicológica, médica, educativa, etc).
En este sentido, también denunció que “el Estado sigue acompañando a las víctimas hasta que declaran pero luego no se trabaja con ningún tipo de contención psicológica o médica, no se les otorga ningún subsidio ni capacitación de reinserción laboral, lo que genera que, al poco tiempo, esas personas, en la mayoría de los casos, vuelvan al circuito del cual se las rescató”.
Por su parte, Gil Lozano también cuestionó que Zaida Gatti, titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, se mantenga en su cargo pese a haber pertenecido a la “gestión de Aníbal Fernández“. La parlamentaria ya la había denunciado en 2010 por “amenazar a una ex esclava sexual”, siendo que, según se presentó ante la Justicia, Gatti apeló “a toda clase de sugerencias, intromisiones y presiones para que modificara su declaración original”.
Al respecto, dijo que le “resulta contradictorio que desde el Gobierno vinculen a Aníbal Fernández con la trata y el narcotráfico pero dejen en el poder a la mujer que se encargó de la asistencia en la trata, siendo que era su mano derecha“.
Finalmente, la Diputada internacional aseguró que desde su lugar en el Parlasur, pero también como dirigente nacional, va “a trabajar para cambiar la cultura de la explotación, de la competitividad y de la falta de control que reina en la actualidad” y concluyó diciendo que “el Gobierno Nacional actual, tal como lo hacía el anterior, busca difundir datos alentadores, pero la realidad muestra que no asigna los recursos necesarios y que no existe una verdadera gestión coherente para combatir esta problemática”.
