Otras cifras dan cuenta que setenta mil hospitalizaciones por complicaciones a su salud a causa de abortos clandestinos y alrededor de ochenta mujeres mueren por año consecuencia de complicaciones derivadas.
La inmensa mayoría de esas mujeres afectadas por este tipo de práctica son pobres, dado que a las clases altas y media alta la capacidad económica les garantiza métodos seguros y condiciones humanas de tratamiento.
Por todo esto y sobre todas las cosas porque en pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo en un estado confesional donde las creencias de una porción de nuestra sociedad obligue al resto a cumplirlas así no las comparta es necesario legislar en favor de una solución segura en este tema.
No se trata de salir a propugnar que todas las personas pasen por el mal trago que suele resultar un aborto, ni siquiera de obligar a hacerlo a aquellas personas que se oponen, se trata simplemente de habilitar el mecanismo para que aquellas personas que necesiten hacerlo no deban poner en riesgo sus vidas y su libertad.
A nueve años de la primera presentación, el jueves 30 de junio entró al Congreso el nuevo Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.
El proyecto cuenta con el aval de más de 350 organizaciones sociales, gremiales y políticas y la firma de 34 diputadas y diputados de la mayoría de los bloques políticos.
“El objetivo es garantizar las condiciones sanitarias dignas, seguras y gratuitas para todas las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
Propone que la práctica sea realizada en el sistema de salud público, privado y de obras sociales, reconociendo la plena autonomía, capacidad y el derecho de las mujeres para resolver el dilema de un embarazo no deseado y no ser sometidas a una maternidad forzada”, dice la declaración de la Campaña y continúa: “Debatir y sancionar este proyecto contribuye a consolidar un Estado que se responsabilice en diseñar y ejecutar eficazmente políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio al derecho a la salud integral y a la autonomía de las mujeres, quienes conformamos el cincuenta por ciento de la sociedad.
Además favorece a la consolidación de un Estado laico y democrático que garantice la libertad y el respeto a las creencias de todas las personas y a ampliar los horizontes de nuestra democracia”
