El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATEA), ahora manejado por gente del gremialista Gerónimo “Momo” Venegas, despedirá a 600 trabajadores por considerarlos “sobrantes” y venderá toda la infraestructura para restaurar el RENATRE, organismo que fue absorbido por el RENATEA con la aprobación en el 2011 de la Ley 26.727 sobre el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. A raíz de esta problemática, trabajadores de ese organismo presentaron un petitorio en el Ministerio de Trabajo para abrir una mesa de negociación y que se respete el convenio colectivo del registro.
Las funciones del organismo tuvieron un lugar destacado cuando salieron a la luz los casos de trata de personas, entre ellos, los más relevantes fueron los casos de los trabajadores hallados en extremas condiciones de precariedad en las fincas pertenecientes a Ramón Puerta en Misiones y en la de Luis Etchevehere en Entre Ríos.
El documento elevado ayer establece la estabilidad del personal, y prevé en su artículo 19 la posibilidad de supresión de dependencias o de funciones, para lo que indica la reubicación en el propio organismo o en la Administración Pública Nacional.
El convenio fue firmado en mayo del 2015 por las autoridades de RENATEA –en representación de la patronal– y el gremio UPCN –como representantes de los trabajadores del organismo–. En él se acordaron el Convenio Colectivo de los Trabajadores del Registro, homologado en junio de ese año.
Este artículo 19 del Convenio Colectivo entró en conflicto en noviembre de 2015 cuando la Corte determinó la inconstitucionalidad de RENATEA, por entender que la administración de ese ente de Seguridad Social debería ser dirigida por sus beneficiarios.
Desde ATE Capital indicaron que previo a esta sentencia, existía un fallo precedente de octubre del 2012, el cual fue emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y resolvía la constitucionalidad del registro.
La situación de los trabajadores se vio agravada al momento que UPCN firmó un Acta Acuerdo por el cual se derogó el Convenio Colectivo de Trabajo del personal del Registro. Como consecuencia, se procedió al despido de 600 personas que fueron contratados durante el período 2012/2015.
Inés Arancibia, delegada de ATE, explicó que “lo que están haciendo es dejar un organismo con personal administrativo y sin capacidad de control ni de fiscalización de los empelados rurales”.
“No sólo están dejando trabajadores en la calle, sino que a su vez dejan en un desamparo absoluto a los empleados rurales y le dan todas las comodidades a la mesa de enlace para que tenga mano de obra barata y precarizada”, agregó.
El documento presentado por ATE Capital fue recibido por el ex jefe de Recursos Humanos de Techin y actual Secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte; quien se comprometió a entregar el petitorio al Ministro Jorge Triaca y al Secretario de Trabajo, Ezequiel Sabor.
Sin embargo, las tareas desempeñadas en el RENATEA son diversas. Entre ellas, además de la denuncia de trata de personas, también están los seguros de desempleo; las fiscalizaciones de los campos y sus empleados; la protección de la Salud de la familia agraria a través de programas de vacunación, salud visual y odontológica; y las prestaciones desempleo por “contingencias climáticas” y “especiales” destinadas a trabajadores con dificultades de salud y víctimas de la esclavización laboral.
Asimismo, los empleados del registro llevaban a cabo labores de alfabetización. A su vez, existían proyectos como el “PISTA” y “CUIDAR”. El primero llevaba adelante la Inclusión Productiva del Trabajo Agrario destinado a la capacitación y empleo de trabajadores temporarios. El CUIDAR se trata de un Programa destinado al fortalecimiento de espacios destinados a la atención y cuidado y educación de los hijos de los trabajadores agrarios.
En base a esas funciones, desde ATE Capital explicaron que la eliminación de las acciones del RENATEA, constituye “la victoria de las corporaciones patronales agrarias, que no sólo tendrán los beneficios de la eliminación de las retenciones y la devaluación, sino que necesitan la flexibilización de las condiciones de empleo de los trabajadores agrarios”.
Inés Arancibia concluyó que “se trata de la revancha de estos sectores que pagarán los trabajadores agrarios en la desprotección. Vienen entre otros derechos, por las 8 horas de trabajo que conquistaron los trabajadores rurales con el Estatuto dictado en 2011.”
