Previa consulta con las partes, emitió una resolución en la que se establecen las características del esquema, que dará seguimiento a las medidas cautelares que emitió desde 2014 y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La resolución indica que persisten en el caso los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad previstos en el Reglamento de la CIDH.
Establece que dos asesores técnicos especiales de la secretaría ejecutiva realizarán labores de recopilación de información y documentación sobre el caso, quienes, en coordinación con el Estado, podrán realizar visitas a México con la frecuencia y por el tiempo que sean necesarios para su labor.
“Los asesores técnicos especializados tendrán pleno acceso a información necesaria en los expedientes y otras fuentes de información correspondientes del caso”, indica.
Establece, además, que el mecanismo será coordinado por el relator para México, James Cavallaro, y que él u otro de los comisionados de la CIDH designado para el encargo realizarán tres visitas a México, con la posibilidad de una cuarta de ser necesario.
Al final de cada visita, el relator y/u el comisionado designado emitirá un comunicado de prensa para informar sobre el seguimiento y los avances que se hayan registrado.
El Estado mexicano, señala, dará el apoyo económico necesario a la Comisión Interamericana para financiar el mecanismo de seguimiento.
Durante el primer periodo de sesiones de cada año, que se celebra en marzo, las partes analizarán y en su caso acordarán programar nuevas visitas y reuniones de trabajo del mecanismo de seguimiento.
“La Comisión Interamericana realizará el monitoreo de las medidas cautelares de acuerdo a su reglamento”, apunta la resolución
La CIDH pidió al Estado mexicano redoblar sus esfuerzos para implementar todas las acciones necesarias para determinar el paradero de los normalistas.
En rueda de prensa en Washington posterior a la aprobación del mecanismo, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que la CIDH recogió por unanimidad los acuerdos previamente negociados entre el Gobierno federal y los padres y sus representantes.
“Se trata de un esquema de seguimiento sólido y útil que da certidumbre a todas las partes”, sostuvo.
